El Parlamento Europeo aprobó en sesión plenaria las modificaciones a la Directiva del IVA propuestas por los Estados miembros en noviembre pasado. La votación concluyó con un resultado de 589 votos a favor, 42 en contra y 10 abstenciones.
Las modificaciones establecen que, a más tardar en 2030, las plataformas en línea asumirán la obligación de liquidar el IVA por los servicios ofrecidos a través de ellas en aquellos supuestos en los que los proveedores individuales no lo hayan aplicado. Con esta medida, se pretende unificar el tratamiento fiscal de los servicios digitales con los servicios en la economía tradicional. No obstante, los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas y medianas empresas de esta disposición.
Asimismo, la reforma contempla la digitalización completa de las obligaciones de declaración del IVA en transacciones transfronterizas antes de 2030. En este contexto, las empresas estarán obligadas a emitir facturas electrónicas para operaciones de este tipo, y la transmisión de los datos correspondientes a las administraciones tributarias se realizará de manera automatizada. Se prevé que esta medida facilite la supervisión fiscal y contribuya a la lucha contra el fraude en materia de IVA.
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En aras de reducir la carga administrativa para las entidades obligadas, se refuerzan las ventanillas únicas de IVA en formato digital. De este modo, un mayor número de empresas con operaciones en más de un Estado miembro podrán cumplir con sus obligaciones fiscales a través de un único portal y en un solo idioma.
Las reformas aprobadas forman parte del paquete normativo denominado «El IVA en la era digital» (ViDA), presentado por la Comisión Europea el 8 de diciembre de 2022. Este paquete legislativo incluía, entre otras disposiciones, la actualización de la Directiva sobre el IVA de 2006.
Según las estimaciones de la Comisión Europea, la aplicación de estas medidas permitirá a los Estados miembros recuperar hasta 11.000 millones de euros en ingresos fiscales anuales durante la próxima década. Asimismo, se prevé una reducción en los costes de cumplimiento para las empresas de aproximadamente 4.100 millones de euros al año, así como un ahorro de 8.700 millones de euros en costes administrativos y de registro en el mismo período.