La moción, patrocinada por los diputados Miguel Calisto, Víctor Pino, Jorge Saffirio, junto a las diputadas Yovana Ahumanda, Marta González, Emilia Nuyado, Erika Olivera y Joanna Pérez, busca regular la reutilización de aguas residuales provenientes de emisarios submarinos, para optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles, promover la sostenibilidad ambiental y fomentar un desarrollo económico responsable, garantizando estándares de calidad y seguridad en el manejo de este recurso, en beneficio del país y de las futuras generaciones.
La iniciativa, según declaran sus autores, responde a la creciente escasez de agua en diversas regiones, especialmente en el norte chico, donde el cambio climático y el uso ineficiente de los recursos hídricos han generado una crisis que, de no ser abordada oportunamente, puede acarrear un daño humano y geográfico irreversible, así como también poner en riesgo la agricultura y el desarrollo industrial.
En este contexto, afirman que la reutilización de agua procesada proveniente de emisarios submarinos se presenta como una alternativa viable y sostenible para enfrentar la crisis hídrica, permitiendo optimizar la gestión del recurso y reducir la presión sobre fuentes de agua dulce destinadas al consumo humano y a la conservación de los ecosistemas.
La moción destaca que, mediante procesos de tratamiento adecuados, las aguas residuales descargadas al mar pueden cumplir con los estándares requeridos para su uso en riego agrícola, en la recuperación de ecosistemas, en la inyección de esta en determinados acuíferos o destinarla al uso industrial y minero.
El proyecto subraya que la regulación de la reutilización de aguas residuales tratadas fomentará un modelo de economía circular, transformando un residuo en un recurso aprovechable. Para ello, se propone la creación de un esquema tarifario regulado que incentive el uso de estas aguas, garantizando estándares de calidad y seguridad, al mismo tiempo que se promueve la inversión en tecnologías de tratamiento y monitoreo.
En términos normativos, el proyecto establece que la reutilización de estas aguas deberá cumplir con parámetros de calidad superiores a los exigidos en la normativa vigente, tales como los dispuestos en el Decreto Supremo N° 90/2000, el cual establece la norma de emisión para regular los contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos en aguas marinas y continentales superficiales y el Decreto Supremo N° 46/2002, que fija la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas.
Además, se establece que las plantas de tratamiento deberán contar con autorización sanitaria y estarán sujetas a procesos de fiscalización para verificar su cumplimiento.
Del mismo modo, la iniciativa contempla la posibilidad de que los titulares de estas plantas de tratamiento suscriban contratos de cesión de derechos de uso de agua regenerada, asegurando que los volúmenes anuales no superen el límite de concesión otorgado.
Además, el proyecto de ley establece requisitos especiales para el caso de los proyectos mineros de alto impacto que requieran uso de grandes volúmenes de agua, los que deberán contar con un convenio suscrito con un tercero que realice el tratamiento de dichas aguas.
También establece que el titular de una planta de tratamiento de aguas residuales tratadas tendrá la responsabilidad de garantizar la calidad del agua, de controlarla desde el momento de su reutilización hasta su entrega a terceros y de la operación y regeneración de las aguas que debiesen ser descargadas a través de emisarios submarinos.
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Finalmente, los autores de la moción resaltan los beneficios ambientales de la propuesta, indicando que la reducción de vertidos de aguas residuales al mar disminuirá significativamente la contaminación en los ecosistemas costeros y contribuirá a la protección de la biodiversidad marina. A su vez, la reutilización de aguas tratadas permitirá reducir la extracción de aguas subterráneas y superficiales, asegurando la disponibilidad del recurso para el consumo humano y la conservación ambiental.
El proyecto de ley se encuentra en su primer trámite constitucional, radicado para su estudio en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Vea el texto de la moción Boletín N°17329-09 y siga su tramitación aquí.