El trasfondo del caso Meriño: un historial de controversias
El juez Óscar Meriño, vinculado al Segundo Tribunal Tributario y Aduanero Metropolitano, ha sido protagonista de diversas denuncias por corrupción y manipulación en la designación de peritos. La investigación inicial, publicada en noviembre de 2024 por el Diario Constitucional, reveló que Meriño habría designado peritos de manera irregular en causas tributarias, lo que levantó serias sospechas sobre la existencia de una red de favores dentro del sistema judicial (Diario Constitucional, 14 de noviembre de 2024).
El problema no es menor: los peritos cumplen una función clave en los procesos judiciales, proporcionando análisis técnicos que pueden inclinar la balanza de una sentencia. Si sus nombramientos responden a intereses personales o económicos en lugar de criterios de idoneidad y competencia, la integridad del sistema judicial se ve gravemente comprometida.
Este escándalo generó una respuesta institucional que culminó en febrero de 2025 con una evaluación negativa de su desempeño por parte del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. Con una calificación de 2,83, Meriño quedó en una posición vulnerable y, como respuesta, presentó un recurso de protección contra la ministra Romy Rutherford, argumentando que su baja calificación se debía a una persecución en su contra (El Mostrador, 13 de febrero de 2025).
La evaluación de jueces y la resistencia al escrutinio
El proceso de evaluación de jueces es una herramienta fundamental para garantizar la calidad y la imparcialidad en la administración de justicia. Sin embargo, la reacción del juez Meriño pone en evidencia un problema recurrente: la resistencia de ciertos magistrados a someterse a estos mecanismos de control.
En su recurso de protección, Meriño acusa a la ministra Rutherford de haber influido en su calificación negativa, lo que sugiere un intento por deslegitimar el sistema de evaluación en lugar de reconocer sus propias faltas. Esta actitud refleja un problema sistémico: en muchas ocasiones, jueces y fiscales cuestionados recurren a estrategias defensivas que buscan desacreditar a las instituciones en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos.
El caso Meriño es un llamado de atención sobre la necesidad de reforzar la evaluación de jueces y magistrados, asegurando que estas instancias sean transparentes, justas y que no puedan ser fácilmente manipuladas por quienes buscan perpetuar privilegios o encubrir irregularidades.
Peritajes bajo sospecha: un eslabón débil en el sistema judicial
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la manipulación en la designación de peritos, lo que sugiere una falta de regulación efectiva en este ámbito. En muchos procesos judiciales, el papel del perito es clave para esclarecer hechos complejos, especialmente en materias tributarias, económicas y científicas.
El abuso de poder en la designación de peritos pone en entredicho la objetividad de los informes periciales y, por extensión, la validez de las decisiones judiciales basadas en ellos. La ausencia de un sistema de control estricto permite que jueces con intereses particulares asignen peritos a dedo, favoreciendo ciertos fallos y distorsionando la justicia.
Para enfrentar este problema, junto a la Escuela de Peritos Judiciales de Chile, estamos trabajando en la formación de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la transparencia. La meta es que estos expertos se conviertan en un pilar confiable dentro del sistema judicial, aportando informes técnicos rigurosos y objetivos, sin interferencias externas.
La confianza en la justicia, un recurso en crisis
El sistema judicial chileno atraviesa una crisis de confianza. Escándalos como el del juez Meriño no solo afectan la imagen del Poder Judicial, sino que erosionan la credibilidad del sistema en su conjunto. Cuando la ciudadanía percibe que las decisiones judiciales pueden estar influenciadas por intereses privados, la legitimidad de los tribunales se ve comprometida.
Es fundamental que los organismos competentes tomen medidas concretas para fortalecer la independencia y transparencia del sistema judicial. Algunas acciones necesarias incluyen:
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– Mayor control sobre la designación de peritos, con mecanismos de selección basados en mérito y supervisión constante.
– Procesos de evaluación de jueces más estrictos y transparentes, evitando que magistrados cuestionados puedan desacreditar o eludir sus calificaciones negativas.
-Fortalecimiento de la ética judicial, con capacitaciones obligatorias y sanciones efectivas para quienes incurran en actos de corrupción.
Reflexión final: sin justicia transparente, no hay democracia
El caso del juez Meriño es un recordatorio de que la justicia solo puede cumplir su función si opera bajo principios de imparcialidad y transparencia. Cada caso de corrupción que queda impune o se diluye en disputas administrativas es una derrota para la institucionalidad y para la confianza ciudadana en el sistema.
Chile necesita reformas urgentes en su sistema judicial, desde la selección de peritos hasta la evaluación de jueces. No basta con sancionar a individuos, es necesario transformar las estructuras que permiten que estos abusos ocurran. La justicia no debe ser un privilegio para unos pocos, sino una garantía para todos.
Fuentes: