Un grupo de catorce fiscales generales estatales presentó una demanda ante un tribunal federal en Nueva York (Estados Unidos) en contra de Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y el presidente Donald Trump. La demanda impugna la legalidad de la autoridad conferida a DOGE y las recientes acciones administrativas adoptadas bajo su dirección, incluyendo la modificación de la estructura y el funcionamiento de catorce agencias federales, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
En la presentación judicial, los demandantes aducen que las medidas adoptadas por DOGE afectan los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de los Estados Unidos. En particular, se señala la posible vulneración de la Cláusula de Nombramientos, que establece que el presidente debe obtener la confirmación del Senado para designar funcionarios en cargos creados por el Congreso. La demanda sostiene que esta disposición constitucional garantiza un equilibrio institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en la creación y gestión de los organismos gubernamentales.
Uno de los aspectos centrales del litigio es la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que dio origen a DOGE. Según el libelo presentado, dicha orden modificó la estructura del Servicio Digital de Estados Unidos, un organismo previamente aprobado por el Congreso, otorgándole nuevas funciones enfocadas en la reducción de costos gubernamentales. Los demandantes alegan que esta modificación representa una reestructuración administrativa que excede la autoridad del Poder Ejecutivo, al intervenir en competencias reservadas al Congreso en materia de creación y organización de departamentos gubernamentales.
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Además, los fiscales generales argumentan que DOGE y su personal han ejercido facultades que no se encuentran dentro de las atribuciones de un departamento federal. Entre las acciones citadas en la demanda se incluyen la intervención en las operaciones de catorce agencias gubernamentales, la suspensión de pagos del Departamento del Tesoro a determinados Estados, la pretensión de cierre de USAID y de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, así como la desactivación de los sitios web oficiales de dichas entidades.
A la vista de estos hechos, los Estados demandantes solicitan al tribunal la emisión de una orden de restricción temporal que impide la ejecución de acciones no autorizadas por parte de DOGE y de su titular. La solicitud incluye la prohibición de modificar la asignación de fondos públicos, cancelar contratos gubernamentales, reestructurar agencias establecidas por ley o asumir funciones que excedan las competencias establecidas en el marco legal vigente. Asimismo, la demanda solicita una declaración judicial que establezca que las medidas adoptadas hasta la fecha carecen de validez jurídica.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental fue creado mediante una orden ejecutiva firmada el primer día de la actual administración presidencial. Según declaraciones previas de Elon Musk, el propósito de la entidad es reducir el gasto federal en aproximadamente dos billones de dólares. No obstante, posteriormente, el funcionario ha matizado dichas afirmaciones.
De manera paralela, diecinueve estados presentaron una acción judicial independiente contra el gobierno federal con el objeto de limitar el acceso del Departamento del Tesoro a los recursos administrados por DOGE. En respuesta, el Departamento de Justicia ha solicitado al tribunal el levantamiento de la orden de restricción temporal impuesta en el marco de dicho proceso.
Finalmente, diversas demandas adicionales han sido interpuestas en relación con la gestión de DOGE, cuestionando el alcance de sus facultades, la ausencia de mecanismos de supervisión y la implementación de decisiones que afectan la estructura y el funcionamiento de las agencias gubernamentales.