La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una enérgica condena contra la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone sanciones a los funcionarios de la CPI involucrados en investigaciones que afecten la seguridad nacional de EE. UU. y sus aliados, en particular Israel. La orden ejecutiva, firmada el 13 de febrero de 2025, autoriza la imposición de sanciones que incluyen el bloqueo de bienes y la prohibición de entrada al país, tanto para los funcionarios de la CPI como para sus familias. La medida responde a las investigaciones del tribunal sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos por altos funcionarios israelíes, como el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, en relación con las operaciones militares en Gaza, así como en el marco de otras investigaciones que también involucran a EE. UU. y otros actores internacionales.
La CPI, creada en virtud del Estatuto de Roma de 1998, es un tribunal independiente cuya misión es juzgar los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, incluidos los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Aunque 125 Estados son partes del Estatuto de Roma, tanto Estados Unidos como Israel han rechazado la jurisdicción del tribunal. Este rechazo a la autoridad de la CPI ha generado un conflicto que se ha intensificado con las recientes decisiones de los jueces del tribunal, quienes emitieron órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, lo que llevó a la imposición de la orden ejecutiva por parte de EE. UU.
La CPI ha reiterado que su misión es ofrecer justicia imparcial a las víctimas de atrocidades en todo el mundo, sin importar la nacionalidad o la influencia política de los acusados. En un comunicado oficial, el tribunal condenó las sanciones como un intento de socavar su labor judicial y afirmó que estas acciones no interferirán con su compromiso de seguir impartiendo justicia. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional y a las partes del Estatuto de Roma para que se mantengan unidas en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales.
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Por su parte, el portavoz del Secretario General de la ONU, Farhan Haq, destacó que el derecho penal internacional, y en particular la labor de la Corte Penal Internacional, es esencial para combatir la impunidad en el mundo actual. Haq subrayó que la CPI debe poder operar con plena independencia para poder seguir luchando contra la injusticia global. La comunidad internacional, incluida la sociedad civil y diversas naciones, ha expresado su apoyo a la CPI, señalando que la independencia de la corte es crucial para garantizar la justicia y la rendición de cuentas en situaciones de violaciones graves de derechos humanos y crímenes internacionales.
La disputa entre Estados Unidos y la CPI refleja la creciente polarización sobre la jurisdicción del tribunal y su capacidad para investigar a potencias mundiales, en particular cuando se trata de acusaciones contra funcionarios de gobiernos aliados. Sin embargo, la CPI ha reiterado que su labor continuará de manera firme, independientemente de las presiones políticas, y que el principio de justicia internacional prevalecerá sobre cualquier intento de interferencia.