El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece que la interpretación autorizada de la ley para el Poder Ejecutivo será competencia exclusiva del Presidente y del Fiscal General. Dicha orden se aplicará a todos los empleados y agencias federales, incluidas aquellas catalogadas como agencias independientes que operan bajo la autoridad del Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno fundó la orden ejecutiva en el propósito de garantizar la responsabilidad de todas las agencias federales ante la ciudadanía, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución. Como fundamento jurídico, se citó el Artículo II, Cláusula 1, el cual dispone que «el Poder Ejecutivo recaerá en un Presidente de los Estados Unidos de América», argumentando que dicha disposición confiere la facultad de interpretación legal dentro del ámbito del Poder Ejecutivo.
El Artículo II de la Constitución, sin embargo, establece que el Presidente tiene la obligación de «velar por la fiel ejecución de las leyes», sin incluir expresamente la atribución de interpretación normativa. Conforme al diseño constitucional, la interpretación de las leyes y la determinación de su constitucionalidad corresponden al Poder Judicial, en virtud del Artículo III de la Constitución.
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En virtud de la orden ejecutiva, todas las agencias federales estarán sujetas a normas de desempeño y objetivos de gestión establecidos por la Oficina de Administración y Presupuesto, debiendo presentar informes periódicos al Presidente. La orden prevé una única excepción aplicable al Sistema de la Reserva Federal y al Comité Federal de Mercado Abierto, los cuales quedan exentos de su cumplimiento.
“Las administraciones anteriores permitieron que las llamadas “agencias reguladoras independientes” operaran con una mínima supervisión presidencial. Actualmente, estas agencias reguladoras ejercen una autoridad ejecutiva sustancial sin rendir suficientes cuentas al presidente y, a través de él, al pueblo estadounidense. Además, se les ha permitido promulgar importantes regulaciones sin la revisión del presidente”, señala la orden.
“Estas prácticas socavan la rendición de cuentas de esos organismos reguladores ante el pueblo estadounidense e impiden una ejecución unificada y coherente de la ley federal. Para que el Gobierno federal sea verdaderamente responsable ante el pueblo estadounidense, los funcionarios que ejercen un amplio poder ejecutivo deben ser supervisados y controlados por el Presidente elegido por el pueblo”, concluye el texto.