Durante décadas, en Estados Unidos, miles de parejas del mismo sexo vivieron con una realidad injusta: su amor no tenía reconocimiento legal. No podían casarse y no podían acceder a los mismos derechos que las parejas heterosexuales.

Eso cambió en 2015 cuando, tras años de lucha, la Corte Suprema de EE.UU. emitió un fallo que lo transformó todo: Obergefell vs. Hodges. Esta sentencia legalizó el matrimonio igualitario en todo el país y reafirmó un principio fundamental: el amor y la dignidad de todas las personas merecen protección.

Discriminación legal antes del fallo

Durante gran parte del siglo XX, ser parte de la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos significó sufrir una discriminación legal arraigada. Más allá de la falta de reconocimiento del matrimonio, las relaciones entre personas del mismo sexo eran criminalizadas en muchos estados bajo leyes de «sodomía» que castigaban actos íntimos consensuados. Estas normativas reflejaban un rechazo social y servían como justificación para el estigma, la discriminación y la exclusión sistemática de las personas LGBTIQ+.

Antes del fallo Obergefell v. Hodges, el matrimonio igualitario en Estados Unidos era un mosaico de derechos desiguales. Algunos estados, como Massachusetts (que fue el primero) seguido de California, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire y Nueva York habían legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, permitiendo que estas parejas accedieran a los mismos derechos que las heterosexuales. Sin embargo, en otros, la prohibición estaba inscrita en la Constitución estatal o en leyes explícitas que negaban ese derecho.

La desigualdad se agravó con la aprobación de la Ley de Defensa del Matrimonio (Defense of Marriage Act, DOMA) en 1996, que definía el matrimonio, a nivel federal, exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer. Esta ley impedía que las parejas del mismo sexo accedieran a beneficios legales como la seguridad social, la residencia para cónyuges extranjeros o la posibilidad de presentar declaraciones de impuestos conjuntas. Aunque algunos estados reconocían estos matrimonios, el gobierno federal no los validaba, lo que mantuvo a miles de parejas en una situación de vulnerabilidad legal.

La falta de reconocimiento federal y la disparidad entre estados crearon graves problemas para las parejas LGBTIQ+. Si una pareja casada en un estado donde el matrimonio igualitario era legal se mudaba a otro donde no lo era, su unión dejaba de tener validez y automáticamente veían negados derechos básicos. Esta desigualdad llevó a que se abordara la cuestión: ¿tenían todas las personas, sin importar su orientación sexual, el derecho fundamental al matrimonio?

La respuesta llegó el 26 de junio de 2015, cuando Obergefell vs. Hodges cambió la historia para siempre.

Jim Obergefell y la batalla legal

Jim Obergefell y John Arthur compartieron más de 20 años de vida en común cuando, en 2013, a John le diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad sin cura. En ese momento, el matrimonio igualitario no era legal en Ohio, el estado donde residían, lo que significaba que, cuando John falleciera, Jim no sería reconocido como su cónyuge en el certificado de defunción.

Decididos a casarse a pesar de las barreras legales, en julio de ese mismo año viajaron a Maryland, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo sí era legal. Debido al avanzado estado de la enfermedad de John, la boda tuvo que celebrarse en un avión medicalizado en la pista del aeropuerto. Desgraciadamente, John falleció tres meses después.

Cuando Jim intentó que el estado de Ohio reconociera legalmente su matrimonio, las autoridades se negaron, alegando que la ley estatal no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Convencido de que esta decisión era una vulneración de sus derechos, Jim presentó una demanda argumentando que la postura del estado violaba los principios de igualdad y dignidad protegidos por la Constitución de los EE.UU.

El caso escaló hasta la Corte Suprema, donde finalmente el 26 de junio de 2015 emitió un fallo histórico en el caso Obergefell vs. Hodges, estableciendo que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho constitucional en todo el país. Con una votación ajustada de 5-4, la Corte dictaminó que las parejas del mismo sexo tenían el derecho constitucional a casarse en todos los estados de EE.UU.

La decisión fue celebrada con júbilo. En ciudades como Nueva York, San Francisco y Washington D.C., multitudes salieron a las calles con banderas arcoíris para festejar el reconocimiento de sus derechos. La Casa Blanca iluminó su fachada con los colores del orgullo LGBTIQ+ en un gesto simbólico de apoyo, y el entonces presidente Barack Obama declaró:

“Este fallo es una victoria para América. Cuando todos somos tratados como iguales, todos somos más libres”.

Reacciones y el impacto internacional de Obergefell vs. Hodges

El fallo de la Corte Suprema en Obergefell vs. Hodges fue un hito en la historia de los derechos LGBTIQ+, pero no estuvo exento de oposición. Líderes conservadores y grupos religiosos criticaron la decisión. El entonces gobernador de Arkansas y candidato presidencial Mike Huckabee calificó el fallo como «un acto inconstitucional de tiranía judicial».

A pesar de estas resistencias, la sentencia de la Corte Suprema cambió la realidad en Estados Unidos y tuvo un impacto significativo a nivel mundial. En los años siguientes, países como Colombia (2016), Alemania (2017) y Australia (2017) aprobaron leyes que reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo, sumándose a una tendencia global de ampliación de derechos. El último en sumarse ha sido Tailandia, que se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en legalizar estas uniones a principios de 2025. Grecia fue el último país en la Unión Europea en sumarse en febrero de 2024.

El estado actual del matrimonio igualitario en el mundo

A día de hoy, 37 países han legalizado el matrimonio igualitario, especialmente en Europa y América. Sin embargo, en muchas partes del mundo, la situación sigue siendo adversa.

En al menos 60 países, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo criminalizadas, y en algunas naciones incluso pueden castigarse con la pena de muerte. Entre los países que aún prohíben el matrimonio igualitario y penalizan la homosexualidad se encuentran Arabia Saudí, Irán, Afganistán y Yemen que tienen leyes que castigan las relaciones entre personas del mismo sexo con penas de cárcel o incluso la pena de muerte. En Uganda, Nigeria y Sudán han aprobado leyes extremadamente duras contra la comunidad LGBTIQ+, con penas de prisión, castigos corporales e incluso pena de muerte. En Indonesia, Malasia y Pakistán siguen criminalizando la homosexualidad. Rusia ha endurecido su legislación contra la «propaganda LGBTIQ+», mientras que en países como Polonia y Hungría se han aprobado leyes que restringen los derechos de esta comunidad. Finalmente en América Latina y el Caribe, en naciones como Paraguay, Bolivia o República Dominicana, el matrimonio igualitario sigue sin ser legal.

En cuanto a España, el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó el 3 de julio de 2005, convirtiéndose en el tercer país del mundo en reconocer este derecho, después de los Países Bajos y de Bélgica, y días antes de Canadá. La ley fue impulsada a nivel institucional por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por el Congreso de los Diputados tras un intenso debate social y político. Con esta reforma del Código Civil y tras largos años de lucha, las parejas del mismo sexo obtuvieron los mismos derechos y obligaciones que las heterosexuales, incluyendo la adopción conjunta. A pesar de la oposición de sectores conservadores y la Iglesia, el Tribunal Constitucional confirmó su validez en 2012, consolidando a España como un referente en la lucha por los derechos LGBTIQ+.

El papel de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional trabaja incansablemente en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en todo el mundo. A través de campañas de sensibilización, acciones urgentes y presión sobre los gobiernos, la organización denuncia la discriminación, la violencia y las leyes represivas que criminalizan a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Desde la lucha por la legalización del matrimonio igualitario hasta la protección de activistas, Amnistía Internacional alza la voz para garantizar que el amor y la identidad de cada persona sean respetados sin miedo ni discriminación.