El gobernador de California (Estados Unidos), Gavin Newsom, promulgó la “Ley de California de Oposición a la Crueldad hacia los Pulpos” (OCTO por sus siglas en inglés) (AB 3162), que establece la prohibición de la cría de pulpos en el Estado, tanto en tierra como en el agua, así como la comercialización de pulpos provenientes de sistemas de acuicultura.
La legislación, promovida por las ONG Animal Legal Defense Fund y Social Compassion in Legislation, se suma a iniciativas legislativas similares adoptadas en el estado de Washington (HB 1153) y propuestas en Hawái (HB 2262), y a nivel federal en el Senado de Estados Unidos (S.4810). Asimismo, otros estados costeros están considerando implementar regulaciones afines.
El fundamento de la legislación radica en las capacidades cognitivas avanzadas de los pulpos, su capacidad de aprendizaje y la necesidad de condiciones específicas de enriquecimiento ambiental, las cuales no pueden garantizarse en sistemas de cría intensiva. Estudios científicos han documentado que la concentración de estos organismos en espacios reducidos puede derivar en comportamientos agresivos, elevados niveles de estrés y una mayor tasa de mortalidad. La ley también aborda las preocupaciones sobre los métodos empleados en el sacrificio de estos animales, los cuales han sido objeto de análisis y críticas.
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El asambleísta Steve Bennett, uno de los promotores de la normativa, destacó que la legislación se establece con carácter preventivo, antes de que se realicen inversiones en el desarrollo de esta industria dentro del Estado. De igual forma, subrayó la necesidad de evaluar el impacto ambiental de las prácticas no reguladas de acuicultura y su posible efecto en los ecosistemas marinos. Organizaciones como Social Compassion in Legislation han expresado su respaldo a la normativa, señalando su alineación con otras disposiciones de protección de especies marinas en California.
En el plano medioambiental, la cría de pulpos en entornos artificiales ha sido objeto de estudios que advierten sobre riesgos asociados a la contaminación por nutrientes, la proliferación de algas nocivas y la reducción de oxígeno en hábitats acuáticos, lo que podría generar alteraciones en la biodiversidad local. Asimismo, el uso de antibióticos y pesticidas en acuicultura ha sido identificado como un factor que podría impactar negativamente en especies marinas silvestres.
Según las autoridades estatales, con la entrada en vigor de la Ley OCTO se busca reforzar el marco regulador en materia de protección de la fauna marina y la acuicultura. Sostienen además que la implementación de esta prohibición implicará la supervisión de las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y la prevención de cualquier actividad contraria a lo dispuesto.