Un juez de distrito de los Estados Unidos resolvió denegar la moción presentada por Associated Press (AP), en la que solicitaba una orden de restricción temporal. En su decisión, el magistrado concluyó que la parte demandante no había acreditado la existencia de un daño irreparable que justificara la medida cautelar solicitada.
La solicitud de AP se basó en la presunta existencia de represalias gubernamentales que afectarían su capacidad de cobertura periodística en determinados eventos presidenciales con acceso limitado. No obstante, el tribunal estimó que, pese a las alegaciones expuestas, no se cumplieron los requisitos establecidos en la jurisprudencia aplicable para el otorgamiento de una orden de restricción temporal.
De acuerdo con el precedente judicial League of Women Voters of United States v. Newby, para que una orden de restricción temporal sea concedida, la parte solicitante debe demostrar, de manera clara, la concurrencia de cuatro factores: una probabilidad de éxito en cuanto al fondo del asunto, la existencia de un daño irreparable en ausencia de la medida cautelar, un equilibrio de intereses favorable a la parte solicitante y la conformidad de la medida con el interés público.
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Durante la audiencia, el juez evaluó los argumentos de ambas partes y, si bien reconoció la existencia de un posible trato diferenciado basado en la línea editorial del medio, concluyó que no se había demostrado el daño irreparable requerido para la concesión de la medida.
Tras la decisión judicial, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que reafirmó su posición sobre el acceso de los medios de comunicación a eventos oficiales. En dicho comunicado, se señaló que la cobertura de ciertas actividades presidenciales es un privilegio y no un derecho legal, y se reiteró la postura de la administración en cuanto a la “rendición de cuentas” de los medios de comunicación.
El conflicto entre AP y el gobierno de Estados Unidos se originó el 18 de febrero, cuando el presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con el uso del término «Golfo de México» por parte del medio, indicando que, a su criterio, debía utilizarse la denominación «Golfo de América» para referirse al accidente geográfico. Posteriormente, la Casa Blanca restringió la participación de AP en determinados eventos hasta que el medio ajustara su guía de estilo en conformidad con la posición gubernamental. Como respuesta, AP interpuso una demanda y solicitó una audiencia de emergencia.
En un caso similar, el periodista Jim Acosta de CNN sufrió la revocación de sus credenciales de acceso a la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Trump. En aquella ocasión, la acción fue impugnada judicialmente, resultando en la restitución del acceso del periodista.
Se fijó una nueva audiencia para este caso el día 20 de marzo, en la cual el tribunal evaluará los argumentos adicionales que puedan ser presentados por las partes.