El informe “El rol de la Corte Suprema” da cuenta que el máximo Tribunal como cabeza del Poder Judicial, cumple un rol fundamental en el sistema jurídico, a saber, unificar la jurisprudencia para garantizar la igualdad ante la ley, proteger los derechos fundamentales y asegurar la coherencia interpretativa de las normas, pero los importantes desafíos que ha enfrentado, como el crecimiento exponencial de su carga procesal, alimentado en gran medida por el uso del recurso de protección, ha desbordado su capacidad operativa.
Ante la sobre carga a la que se enfrenta la Corte Suprema, los datos que entrega Observatorio Judicial son decidores: entre 2018 y 2023, los ingresos de causas en la Corte Suprema crecieron de manera sostenida, pasando de 14.585 a 28.633 casos anuales, excluyendo aquellas relacionadas con ISAPRES. Las apelaciones del recurso de protección aumentaron más del doble durante este período, alcanzando 11.795 casos en 2023. Este fenómeno contribuye a la percepción de la Corte como un tribunal de instancia, incompatible con su naturaleza como tribunal de casación y unificación.
El caso de la Tercera Sala ilustra con claridad esta problemática: en 2023 dictó 13.545 fallos, lo que, según un cálculo basado en el tiempo disponible para escuchar alegatos, deja menos de 6 minutos promedio para atender cada caso. Aunque esta cifra es solo un promedio y varía en la práctica, evidencia el impacto de la masividad en la capacidad de la Corte para ofrecer análisis profundos y consistentes.
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Entre las vías de solución para descomprimir la sobrecarga del Tribunal Supremo, desde Observatorio Judicial, proponen una reforma para el recurso de protección que transfiera la apelación de este recurso a un tribunal constitucional o transformarlo en una acción extraordinaria enfocada exclusivamente en la unificación de jurisprudencia; también se propone avanzar en mecanismos de selección de causas, adoptando criterios claros y objetivos que permitan priorizar casos de impacto sistémico como ocurre en el modelo Alemán, otra propuesta busca el fortalecimiento de los precedentes, de esta forma se busca establecer formalmente la obligatoriedad de los precedentes dictados por la Corte Suprema en ciertas materias clave, esta medida fortalecería incluso la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia, por último, crear una vía especializada para resolver disputas con la administración pública y fomentar un cambio cultural dentro del Poder Judicial priorizando el desarrollo de criterios jurisprudenciales sostenibles y fortaleciendo la estabilidad en la composición de las salas.
El Director de Estudios del Observatorio Judicial y autor del informe, José Miguel Aldunate, señala que reformas en esta línea podrían colaborar en la solución de los problemas estructurales que enfrenta la Corte Suprema, consolidando su rol como garante de la coherencia jurídica y la igualdad ante la ley, pero asegura que “estas u otras reformas en esta línea están supeditadas a un debate más profundo, relativo a la construcción de una comprensión común sobre el rol que debe desempeñar la Corte Suprema. Sin una definición compartida sobre el rol de la Corte, es imposible contar con un marco normativo claro y moderno que permita al máximo tribunal retomar plenamente su misión institucional, avanzando hacia un sistema judicial más accesible, predecible y protector de los derechos fundamentales, y reforzando así la confianza ciudadana en el Estado de Derecho”.
Vea informe “El rol de la Corte Suprema” de Observatorio Judicial.