Un grupo de comités y asociaciones vinculadas al partido demócrata de Estados Unidos impugnó en sede judicial la legalidad de la orden ejecutiva 14215, dictada por el gobierno de Donald Trump. Mediante esta orden se amplía la supervisión del poder ejecutivo sobre diversas agencias reguladoras independientes, incluida la Comisión Federal Electoral (FEC por sus siglas en inglés). A juicio de los demandantes, vulnera el marco normativo establecido por el Congreso para garantizar la autonomía de la agencia.
Los demandantes sostienen que la FEC fue creada con el propósito de operar de manera independiente, sin injerencia del poder ejecutivo. Para fundar su alegación, en la demanda hacen referencia a disposiciones que establecen un equilibrio bipartidista en la composición del organismo, con la designación de comisionados en cantidades iguales por partido y mandatos alternados.
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Además, enfatizan que los nombramientos deben basarse en criterios de experiencia, integridad e imparcialidad, y que los comisionados no pueden ocupar cargos gubernamentales designados o electivos al momento de su nombramiento. También se citan informes legislativos que ratifican la intención del Congreso de preservar la imparcialidad de la agencia.
En su solicitud, los demandantes piden al tribunal que declare ilegal la aplicación de la orden ejecutiva a la FEC y que se prohíba a la administración presidencial ejercer control sobre sus decisiones y operaciones. Alegan que la imposición de la autoridad presidencial sobre la FEC, al subordinar sus decisiones a las interpretaciones legales del Presidente y del Fiscal General, compromete la independencia del organismo y altera el equilibrio institucional diseñado por el Congreso.
Es necesario señalar que la FEC desempeña un papel muy importante en la supervisión del financiamiento de campañas electorales y en la resolución de denuncias presentadas por diversas fuerzas políticas. La demanda subraya que cualquier cambio en su estructura de autoridad podría tener implicaciones en la aplicación de las normas de financiamiento de campañas y en la fiscalización de los recursos empleados por los candidatos en procesos electorales.