A principios de octubre, el Presidente de Ecuador anunció la convocatoria a consulta popular y envió el contenido de las preguntas a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su contenido.
La lucha contra la corrupción, la defensa de la naturaleza, la abolición de la reelección indefinida, reformas a la normativa sobre plusvalía y la prohibición para que prescriban los crímenes sexuales contra niños y adolescentes, integran el pliego de preguntas que el Ejecutivo pretende resolver en la urnas.
La Corte Constitucional debe calificar las preguntas y, de ser el caso, despejar el camino para que el Consejo Nacional Electoral  organice la consulta.

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