El Tribunal Constitucional español admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular (PP) en contra del decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios en situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19.
En este sentido, el Pleno ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Cabe señalar que los recurrentes han impugnado los incisos del artículo 1 bis en su redacción dada por el apartado uno de la disposición final primera; también la letra c) del apartado 7 del artículo 1 bis en su redacción dada por el apartado dos de la disposición final primera y el inciso final del párrafo tercero del apartado II del preámbulo.
Finalmente, los recurrentes consideran que el citado Real Decreto-Ley incumple los límites materiales derivados de los dispuesto en el artículo 86.1 de la Constitución Española y supone una vulneración del derecho a la propiedad (artículo 33 CE) y del derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas (24.1 CE).
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.