La Corte Suprema de Canadá acogió el recurso de apelación deducido por un hombre que fue condenado por disparar con un rifle de aire comprimido a una casa. Resolvió que la pena impuesta es inconstitucional por ser excesivamente desproporcionada.
Tras consumir gran cantidad de drogas y alcohol, el recurrente salió de su hogar armado con un bate y un rifle de aire comprimido utilizado para caza. Acto seguido, comenzó a golpear un vehículo desocupado y a disparar contra una vivienda del lugar, hasta que fue detenido por la policía. Los efectivos constataron que en la casa se encontraba una familia y que los proyectiles atravesaron las ventanas.
Fue juzgado por 4 cargos, incluido el delito de disparar contra una vivienda por el que fue condenado a 4 años de cárcel, el mínimo establecido para estos ilícitos. Apeló el fallo en virtud de la sección 12 de la Carta de Derechos que consagra el derecho a no ser sometido a un castigo cruel e inusual, pues consideró que la pena impuesta por disparar era excesivamente desproporcionada.
Para fundar su pretensión, hizo alusión a un caso hipotético en que un tirador dispara con un rifle de aire comprimido a una vivienda sin lograr perforar sus paredes. El tribunal acogió parcialmente el recurso, imponiendo una pena de 3 años y medio. Sin embargo, la Fiscalía apeló con éxito la sentencia por lo que volvió a ser condenado a 4 años. No conforme con esta decisión, el recurrente impugnó el fallo en estrados de la Corte Suprema.
En su análisis de fondo, la Corte observa que “(…) el articulo 12 de la Carta protege contra la imposición de penas tan excesivas que sean incompatibles con la dignidad humana. Esta vertiente se refiere a la severidad de un castigo y cuestiona si los efectos de un castigo impugnado son extremadamente desproporcionados con respecto al castigo apropiado en un caso dado. Las sentencias mínimas obligatorias se analizan bajo este prisma. En su segunda vertiente, la atención se centra en el método de castigo”.
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Agrega que “(…) un tribunal debe (1) evaluar qué constituye una sentencia adecuada y proporcionada teniendo en cuenta los objetivos y principios de la sentencia; y (2) considerar si la disposición impugnada requiere la imposición de una sentencia que sea sumamente desproporcionada, y no simplemente excesiva, con respecto a la sentencia adecuada y proporcionada. Esta evaluación de dos partes puede proceder sobre la base de (a) el infractor real ante el tribunal, o (b) otro infractor en un caso razonablemente previsible o escenario hipotético. Cuando el tribunal concluye que la pena de prisión prescrita por la disposición de sentencia mínima obligatoria es sumamente desproporcionada en cualquiera de los casos, la disposición infringe el artículo 12. Se deben evaluar tres componentes cruciales al determinar si una sentencia mínima obligatoria es extremadamente desproporcionada: el ámbito y el alcance del delito, la desproporcionalidad y la sanción y sus objetivos”.
En el caso concreto, advierte que “(…) el escenario hipotético planteado por el imputado es razonablemente previsible. Cae dentro del alcance del delito y no estira ni tensa sus elementos constitutivos. El actus reus del delito requiere que el delincuente dispare un arma de fuego a cualquier edificio o estructura. Una residencia constituye un lugar. En cuanto a si un rifle o una pistola accionados por aire podrían constituir un arma de fuego, la prueba pericial reveló que existen numerosos rifles accionados por aire comúnmente disponibles en Canadá que cumplen con la definición de arma de fuego, pero que no son capaces de perforar un ensamblaje de pared residencial típico. Es razonablemente previsible imaginar a un joven disparando una pistola de aire comprimido en una casa como parte de un juego para pasar el tiempo”.
Señala que “(…) una sentencia adecuada para el delincuente hipotético en el escenario propuesto por el acusado no implicaría prisión. Debido a que en este caso la gravedad del delito y la culpabilidad del delincuente son bajas, y la juventud del delincuente actúa como un factor atenuante. La sentencia adecuada y proporcionada es una sentencia suspendida de hasta 12 meses de libertad condicional”.
En definitiva, la Corte concluye que “(…) la sentencia mínima obligatoria de cuatro años es sumamente desproporcionada con respecto a la sentencia adecuada. Se aplica a un delito que capta un amplio espectro de conductas, que van desde actos que presentan poco peligro para el público hasta aquellos que representan un riesgo grave. El castigo obligatorio tendría efectos nocivos significativos en los delincuentes juveniles, que se considera que tienen altas perspectivas de rehabilitación. La denuncia y la disuasión no pueden sustentar el castigo mínimo, ni el mínimo muestra ningún respeto por los principios de paridad y proporcionalidad”.
Al tenor de lo expuesto, la Corte resolvió acoger el recurso y revocar el fallo impugnado.