Los ministros de justicia y del interior presentaron ante el Congreso colombiano la nueva “Ley de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas”, mediante la cual el gobierno planea negociar con las mayores organizaciones armadas del país su sometimiento a la autoridad estatal, estableciendo un marco jurídico especial. Deberá ser aprobada por el senado.
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La Ley fue presentada en el marco de la iniciativa de “Paz Total”, lanzada recientemente por el presidente Gustavo Petro, en virtud de la cual el gobierno adopta un enfoque cooperativo cuyo fin es lograr que los grupos armados del país depongan las armas y abandonen sus actividades criminales. En este sentido, la Ley también fue pensada para los grupos que no poseen estatus político, como es el caso del Clan del Golfo y las bandas de paramilitares. Cabe resaltar que los líderes de estas agrupaciones que hayan violado los derechos humanos no podrán acogerse a este mecanismo legal.
«La iniciativa contiene una oferta generosa de parte del Estado para estas estructuras, que obtendrán un tratamiento penal más benigno siempre y cuando se rindan, dejen de delinquir, entregan sus bienes e información sobre sus operaciones y reparen a las víctimas”, señaló ante el Congreso el ministro de justicia.
El texto legal señala que sus objetivos son los siguientes: “Crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las victimas desde los enfoques diferenciales, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”.
Vea texto del proyecto de ley.