Un tribunal de Rabat (Marruecos) condenó a tres hombres por violar y embarazar a una menor de 11 años de edad. Dos de los hechores fueron condenados a 18 meses de prisión, mientras que el restante a dos años. Lo anterior, pese a que la legislación marroquí prescribe una pena de entre 5-10 años de cárcel para estos ilícitos.
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Los hechos fueron denunciados por el padre de la víctima, tras advertir que su hija estaba embarazada. Ella le refirió que los hechores eran vecinos de la familia y que la amenazaron con matarla si contaba los abusos. Por ello, los hombres fueron juzgados y condenados por los delitos de engaño a un menor y violación.
A pesar de quedar probada su culpabilidad, los jueces del caso impusieron penas inferiores a las previstas en la ley, ya que aplicaron atenuantes como la de considerar que la pena era “demasiado dura para los delitos cometidos”.
Debido a lo irrisorio de las penas estallaron multitudinarias protestas para exigir justicia para la víctima. Estas fueron convocadas por el colectivo “Primavera de la Dignidad”, el cual agrupa a decenas de ONG. A causa de la indignación social que ha causado el caso, el ministro de justicia se comprometió ante la opinión pública a trabajar para endurecer las penas para los delitos contra la infancia, en una futura reforma al Código Penal.