En una jornada marcada por la presencia de ex y actuales autoridades, la subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos recibió al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien dio a conocer sus impresiones respecto a las enmiendas.

La autoridad manifestó ciertos reparos en las propuestas que han sido presentadas al Capítulo XI sobre la Contraloría General de la República.

Su discurso lo inició entregando orientaciones que considera que debe tener dicho capítulo. Así destacó que las normas deben tener un carácter general de marco fundamental. “Las normas que se propongan respecto de la Contraloría deberían habilitar, en el futuro, distintas opciones de carácter legislativo”, expuso.

Al principio, se refirió a una de las enmiendas que propone “velar por la probidad en el ejercicio de la función administrativa que realicen los organismos sujetos a su fiscalización”.

De esta forma, explicó que “si bien esta norma no daña las funciones de la Contraloría, sí rompe la lógica del artículo, porque en realidad, esta es más bien la misión del órgano”.

“Se echa de menos que haya una cláusula de cierre que haga referencia a las demás funciones que le encomiende la ley”, manifestó.

Por otra parte, entre las enmiendas que se mostró contrario aparecen la N°9 y N°12. La primera, propone a la Contraloría ejercer atribuciones desconcentradamente. La segunda, busca sumar a que una ley institucional determine las atribuciones que tendrá –la Contraloría– a nivel regional y local. “No se debe confundir la delegación, que es una forma de gestión, con la desconcentración, que es una forma de organización”, aseguró.

“La desconcentración implica que la ley va a tener que desconcentrar funciones a nivel regional. Eso significa que ya no habrá una situación de unicidad de actuación. En segundo lugar, significa que el contralor, en esas materias, no podrá dar instrucciones a los contralores regionales”, señaló.

A lo anterior, sumó que “en tercer lugar, va a ocurrir algo que es indeseable y que ocurre en la práctica en otras instituciones autónomas. Producto de esta desconcentración, uno le pide cuentas al jefe del servicio, este es acusable constitucionalmente, pero se produce la paradoja que no tiene posibilidad de dar una orden respecto de esas facultades que han sido desconcentradas a nivel regional”, explicó.

En otras materias, el contralor abordó los principios que rigen la actuación de la Contraloría. Así, comentó que “el único órgano autónomo que se le señalan los principios por lo cuales debe regirse es a la Contraloría General de la República”.

“Ni al Servicio Electoral, ni al Ministerio Público, ni al Banco Central se le señalan los principios, en rango constitucional, sobre los cuales debe regirse”, agregó.

El principio de celeridad, propuesto vía enmienda junto con otros principios, no quedó fuera de la exposición. La autoridad manifestó que “en la práctica va a querer decir que, cada vez que no se tome razón en el plazo o que no expida un dictamen dentro de los 6 meses que establece la ley, va a haber un abandono de deberes.  No se va a cumplir con el principio de celeridad, y esa va a ser una causal para acusar constitucionalmente al Contralor General”.

También, se refirió a la rendición de cuentas al presidente de la República que propone la oposición. “La rendición de cuentas al presidente de la República rompe totalmente con la autonomía constitucional que debe tener un órgano como la Contraloría”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la impugnabilidad. Al respecto, manifestó que la enmienda presentada en dicho ámbito dejaría consagrado que serían impugnables los actos del Contralor y no los de la Contraloría.

Como comentario final, el Contralor General de la República expresó su disconformidad con las propuestas. “Estas enmiendas, yo creo que no resuelven o no responden, en general, la pregunta básica de si uno quiere avanzar –o no– en el control. Algo que considera como “un pilar del Estado de Derecho”. 

“Al revés, restringen el control administrativo (…) debilitan el control como pilar del Estado de Derecho y, por lo tanto, debilitan la democracia”, afirmó el Contralor.

La máxima autoridad cerró su exposición, mencionando que “estas enmiendas hay que mirarlas con mucho cuidado. Si me hicieran elegir como Contralor General –y no estaría en este puesto– me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena respecto de un control administrativo”.