La oportunidad y eficiencia del proceso de auditoría, así como la efectividad de los controles implementados por el Gobierno, fueron parte del análisis realizado por la Comisión Investigadora Asentamientos Precarios MINVU (Fundaciones).
El grupo parlamentario recibió a la Subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos; y al ex subsecretario de la cartera durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Max Pavez.
El eje se centró en el funcionamiento de las estructuras de control, y si en este caso puntual se pudo haber impedido o reducido el monto de los dineros defraudados en el marco del Caso Fundaciones.
En primer término, Macarena Lobos explicó cómo funcionan las auditorías internas. Recordó que su objetivo es garantizar el buen uso de los recursos institucionales.
Explicó el rol del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno (Caigg). Dicho organismo actúa como consejo asesor del Presidente de la República, en materias de auditoría interna, control interno, gestión de riesgos y probidad.
Lobos precisó que el organismo no tiene atribuciones para hacer control financiero contable. Ello le corresponde a Hacienda o a Contraloría, por lo cual su rol sería más preventivo que de control.
En ese plano aseguró que no hubo un relajo de controles ni se dejaron de hacer. Enfatizó en que existía una reportabilidad de control que no es competencia de la auditoria. Por ello se decidió poner el foco desde lo contable a las auditorías en terreno.
Discrepancias frente a proceso de auditoría
Por su parte el ex subsecretario general de la presidencia, Max Pavez, dijo que a su juicio el Consejo de Auditoría General si podía haber detectado anomalías. “Hay una especie de relajo en el control interno”, sostuvo.
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En ese plano recordó que el Caigg debe asesorar al Gobierno, sin embargo, a la fecha este no se ha reunido.
Precisó que, si bien comparte el criterio de la subsecretaria Lobos, respecto de que el Caigg no es un organismo de control jurídico, son las directrices que da el Presidente de la República y las acciones realizadas por los ministerios, las que pueden detectar el registro de irregularidades.
Afirmó que, a su juicio, hay problemas en la facultad de controlar. Agregó que, sin querer imputar mala fe, es evidente que no ha habido la suficiente diligencia.
Tras las exposiciones, las y los diputados acordaron solicitar oficios al Consejo. Asimismo, concordaron en la necesidad de volver a recibir a los subsecretarios, con el objeto de profundizar en consideraciones más técnicas, ello antes de la comparecencia de los próximos invitados, con quienes se analizará la arista más política del caso.