El Senado mexicano aprobó, por unanimidad, una reforma al Código Penal Federal para penalizar la difusión de registros audiovisuales o cualquier tipo de información relativa a expedientes investigativos de crímenes. En el siguiente trámite legislativo deberá ser discutida por la Cámara de Diputados.
El proyecto de reforma versa sobre la Ley Ingrid, en alusión a una joven que fue brutalmente asesinada en 2020; y cuyas imágenes y la de su cadáver fueron filtradas por agentes de seguridad que intervinieron en la escena del crimen.
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El texto propone una modificación al artículo 225 del Código Penal Federal, para tipificar estos hechos como contrarios a la administración de justicia.
Así, si el hechor es un funcionario público que divulga imágenes de mujeres y menores de edad asesinados arriesgará una pena de hasta 15 años de cárcel, y si es un particular 18, además del pago de una multa de 9.000 dólares. En otros casos las condenas varían entre los 6 y 10 de prisión con multas de hasta 6.000 dólares
“Muchas veces el servidor público no guardaba la discreción debida y no mantenía en secrecía la carpeta de investigación que contenía imágenes, videos, fotografías, etcétera, del cuerpo de la víctima. El propósito de esta legislación es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas y sus familias, porque la divulgación de información e imágenes constituye una lesión a su dignidad y memoria”, señaló Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia.