La sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora (CEI 6) que analizó el sobreprecio cobrado a los consumidores, por parte de la empresa Metrogas.
El texto hace referencia además a las actuaciones del Ministerio de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
En ese marco, se analizaron las gestiones y medidas adoptadas por los referidos órganos públicos, dentro del ámbito de sus competencias. La finalidad es asegurar el buen funcionamiento del mercado del gas y evitar que ciertas prácticas ocasionen un perjuicio a la población.
Al respecto, el informe entregado a la Sala por la diputada Mercedes Bulnes, deja de manifiesto la existencia de una legislación defectuosa y de insuficientes herramientas de fiscalización.
Participaron del debate las y los diputados Daniel Melo, Chiara Barchiesi, Gaspar Rivas y Juan Antonio Coloma.
Caso Metrogas
En sus conclusiones se recalca que la empresa Metrogas decidió dividir sus funciones de comercialización y distribución (creando la empresa Agesa; en la práctica una empresa espejo).
Dicha situación generó un vacío, ya que la regulación estaba principalmente orientada a la comercialización del suministro y no a los mecanismos para distribuirlo.
Lo anterior, según consta en el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), habría permitido cobros abusivos a sus clientes por cifras cercanas a los350 millones de dólares.
Asimismo, se indica que la Comisión Nacional de Energía (CNE) debió advertir con mayor énfasis que el actuar de la empresa Metrogas había sido indebido, aprovechándose de una norma legal imperfecta, cuando se excedió el límite máximo de rentabilidad.
De igual modo, los asesores del Ministerio de Energía debieron haber trabajado en más hipótesis, frente al cumplimiento o incumplimiento de la norma.
Recomendaciones
El informe recomienda expresamente la necesidad de legislar para fortalecer y dotar a las instituciones competentes para que dispongan de todas las herramientas que se requieran para supervisar, fiscalizar y sancionar a los actores del mercado que incurran por acción u omisión, en acciones que vulneren las regulaciones establecidas. La idea es incrementar las responsabilidades administrativas, civiles, comerciales y penales de quienes incurran en dichas conductas.
Noticia Relacionada
Se recomienda la tramitación de un proyecto de ley que obligue a las empresas (incluidas las empresas relacionadas) a la realización de licitaciones nacionales o internacionales que eviten toda posibilidad de una posible transferencia de utilidades entre empresas relacionadas.
Asimismo, se insta al Ministerio de Energía contemplar claramente, en los proyectos de ley, los supuestos en caso de incumplimiento de los actores del mercado que, sin duda, afectan los derechos de los consumidores y la libre competencia.