La Defensoría Penal Pública (DPP) publicó la nueva edición de Revista 93 «Proyecto Inocentes: error, daño y reparación a 10 años de su creación».
El proyecto Inocentes que fue lanzado en el año 2013 por la DPP, tiene por objeto brindar un espacio de reparación y reconocimiento para las personas inocentes que fueron injustamente privadas de libertad, junto con plantear el desafío de revisar y debatir las causas que llevaron al sistema a equivocarse.
Para dichos efectos y con la finalidad de sensibilizar en la materia, la institución publicó la nueva edición de Revista 93, en la que no sólo dan a conocer los errores en el sistema de justicia penal, sino que además relatan historias y casos jurídicos de 75 personas que fueron incorporadas al Proyecto Inocentes como reparación simbólica.
Lo anterior, sin perjuicio de que durante los 22 años de vigencia del nuevo sistema procesal penal adversarial, la Defensoría ha registrado más de 39 mil personas que, siendo inocentes, estuvieron en prisión preventiva mientras se investigaron sus casos.
La DPP sistematizó que durante la última década las principales causales de error fueron la identificación errónea, declaración falsa, falsa confesión, error pericial (o ciencia limitada), mala conducta de agentes del Estado y mala conducta del defensor o defensora. Sin perjuicio de que otros autores manifestaron que los errores también obedecían a la tensa relación entre garantismo y punitivismo, o los problemas específicos de la presunción de inocencia, del uso excesivo de la prisión preventiva y del hacinamiento carcelario como uno de sus resultados.
De manera similar, destacan que otro problema es que no hay mecanismos operativos de reparación por imputaciones erróneas, como así también está el problema de la insuficiente preservación de pruebas en el sistema penal chileno o la ausencia de protocolos adecuados para la realización de ruedas de reconocimiento o para la presentación de prueba pericial en juicio.
Por otra parte, dan a conocer una serie de propuestas de mejora para la operación del sistema de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, mejorar y estandarizar la regulación de los procedimientos de reconocimiento de imputados, la preservación de evidencia de los casos penales y los criterios de admisibilidad de la prueba pericial.
Sobre el relato de las víctimas del Estado -por error-, se pudo advertir que no sólo genera un daño desde el punto de vista económico, en cuanto el hecho de haber permanecido privadas de libertad, las posibilidades de encontrar trabajo disminuye, sino que además, dichas personas no quieren mantener contacto con el Estado debido al daño psicológico y emocional, lo cual se confirma con diversos estudios académicos realizados por la Universidad de Chile y Universidad Diego Portales, los cuales refieren que las personas sufrieron una verdadera experiencia traumática.
Uno de los casos que relatan es el de Adrián Zarricueta Toro, quien permaneció 79 días en prisión preventiva por un delito que no cometió, esto es, robo con violación, en cuanto, una joven que salió de fiesta habría tomado un taxi colectivo a su casa, sin embargo, el chofer le robó y la agredió sexualmente, motivo por el cual, la víctima hizo la denuncia luego de escapar. Sin embargo, en atención a que no pudo recordar detalles precisos del conductor, la policía creó un retrato hablado del presunto agresor y obtuvo las fotografías de todos los conductores que trabajaban en esa línea de colectivos, incluyendo a Adrián Zarricueta Toro. Sin embargo, seis meses antes, Zarricueta había dejado de ser conductor y estaba trabajando para una constructora fuera de La Serena.
No obstante, en el reconocimiento fotográfico, la víctima identificó a Zarricueta como su agresor, lo que llevó a su formalización por robo con violación, uno de los delitos más graves y con la pena más alta en el sistema legal chileno. Después de pasar 79 días en prisión preventiva, los resultados de una prueba de ADN llevaron a su liberación y tres años después la justicia condenó a 20 años de cárcel al verdadero autor del delito, Franklin Antonio Narea Mery.
Buscando reparación, Adrián Zarricueta fue asesorado por los abogados del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, quienes tomaron su caso y demandaron al Estado, en el marco del convenio entre el “Proyecto Inocentes” y la Fundación Pro Bono. Esta acción buscaba compensar el daño sufrido por una persona inocente que había estado injustamente en prisión preventiva. Finalmente, en 2021, la Corte Suprema condenó al Fisco a pagarle una indemnización de $40.000.000.-
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Ese, es uno de los tantos casos que da a conocer la Revista, por lo que la institución insta a que la crisis de delincuencia y violencia se debe superar de forma racional y considerando el respeto por todas las personas, incluyendo a las víctimas y los presuntos hechores.