El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó el Informe sobre Violencias Percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023.
El documento elaborado por la Unidad de Estudios y Memoria, en atención al fenómeno de las vulneraciones sufridas por las personas que habitan en la macrozona, debido a los conflictos que ocurren entre particulares, recopiló información a través del Programa de fortalecimiento de la macrozona centro-sur que se creó especialmente en las regiones de La Araucanía, del Biobío, de Los Ríos y de Los Lagos.
El informe analiza desde la perspectiva de los derechos humanos, la percepción de violencias y las brechas existentes entre los datos obtenidos y los estándares internacionales, respecto a obligaciones generales de los Estados en el marco internacional de derechos humanos, específicamente, cuando existen vulneraciones a los derechos humanos cometidas por parte de agentes no estatales, como así también respecto de los estándares y obligaciones reforzadas de los Estados sobre el derecho a la seguridad personal, el derecho a la educación, libertad de religión, libertad de circulación y residencia, y propiedad, para lo cual recopilaron datos de víctimas y actores claves en torno a la percepción de violencia (autoridades, empresas o gremios, funcionarios públicos, organizaciones intermedias, policías, representantes de comunidades indígenas, víctimas o asociaciones de víctimas).
Sobre la situación de violencia y sus percepciones, el INDH señala que una de las aristas relevantes en el abordaje de este fenómeno, se refiere al conflicto intercultural que ocurre en la zona, para lo cual expresa su preocupación por la violencia institucional contra integrantes del pueblo mapuche, particularmente a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista, así como por las condiciones carcelarias de algunos presos pertenecientes a comunidades indígenas y la situación de vulnerabilidad de NNA mapuches, como así también, por los hechos de violencia contra agricultores y propietarios no indígenas y por los enfrentamientos que han dejado con lesiones a funcionarios/as de Carabineros.
Lo anterior, ya que a pesar de los diversos esfuerzos de los diferentes gobiernos durante los últimos 25 años, la violencia se mantiene, en cuanto las modalidades de delito han adquirido mayor complejidad, por ejemplo, el robo de maderas, y han surgido hechos como quemas de iglesias cristianas, lugares sagrados, colegios y centros de salud.
Señala que, a pesar de que ha habido un descenso de las tasas de victimización desde el año 2018, la percepción de inseguridad de la población en la macrozona se ha mantenido o incluso agudizado, en cuanto en el 2018, el 69,6% de las personas en la región de Los Ríos creía que la delincuencia había aumentado en los últimos doce meses, esta proporción alcanza casi a 85% en 2021. Esta tendencia se repite en las distintas regiones de la macrozona, y a través de los años, salvo en 2020 en la región de Los Lagos, donde se observó un descenso en la percepción de inseguridad.
Con ello, se revela que, “(…) existe un déficit en los abordajes de las políticas públicas en términos de alcanzar una mayor paz para la zona, crecen las variables que permiten nuevas formas de criminalidad agudizando las condiciones de vulnerabilidad para los y las habitantes de dicho territorio, lo que además se verá reflejado en la vulneración de múltiples derechos.”
De ahí que, “(…) es esperable que los entrevistados, principalmente desde la sociedad civil, se pronuncien ante este panorama de violencias. Ellos son enfáticos en criticar el rol del Estado, específicamente, su falta de garantías en proveer seguridad a los habitantes del territorio, puesto que, si bien durante el año 2022 algunos delitos han descendido según los casos policiales (posiblemente asociado a los efectos de la pandemia), lo cierto es que mientras existan delitos violentos, independiente de su frecuencia, el impacto en la percepción de las personas será significativo al afectar y alterar su vida cotidiana.”
Por otra parte, señala que, “(…) las autoridades entrevistadas presentan ciertas diferencias en su percepción de la situación de delitos violentos. Algunas autoridades, como la Fiscalía, policías y representantes del Poder Ejecutivo, reconocen importantes avances expresados en medidas ya implementadas y en el descenso de algunos delitos. Desde el Poder Legislativo, en cambio, resaltan las deficiencias del Estado en materia de investigación policial y judicial. Más allá de estas diferencias, todas las autoridades reconocen el problema de vulneraciones de derechos en la zona, su gravedad y las repercusiones en la vida de sus habitantes.”
Enseguida, advierte que, “(…) la cantidad de delitos y el nivel de su violencia no se distribuyen de forma homogénea. Las cifras más altas de los delitos analizados se encuentran en las regiones de Biobío y La Araucanía. Sin embargo, esta situación no afecta de la misma forma a todo el territorio de esas dos regiones, sino principalmente a las provincias de Malleco y Arauco. Otra situación se vive en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde suceden hechos tan graves como en el resto de la macrozona, pero con menor frecuencia, con la excepción de Palena que presenta un mayor nivel en algunos delitos.”
Con ello, “(…) existe la necesidad de otorgar un tratamiento diferenciado al problema, con adopción de medidas específicas, desde políticas sociales y de control del orden público, según zonas y atendiendo a la pertinencia territorial. No obstante, esta focalización de recursos en las zonas más afectadas no debiera significar la desprotección de las áreas de la macrozona donde se cometen menos delitos.”
Respecto a las investigaciones y sanciones de delitos, refiere que, “(…) las entrevistas a autoridades vinculadas al ámbito policial y de investigación penal advierten que un problema central es la determinación de quiénes son los responsables y la motivación de los delitos graves. Específicamente, es fundamental diferenciar qué delitos podrían estar asociados a causas del conflicto con los pueblos originarios y cuáles son delitos comunes ligados a organizaciones criminales. Un ejemplo aportado por las entrevistas es el robo de madera. La reciente revelación de la participación de funcionarios de Carabineros en la comisión de estos ilícitos, sólo dan cuenta de la complejidad y aristas del fenómeno160. Por tanto, no todos estos hechos estarían vinculados a las deudas históricas de los pueblos originarios, sino más bien responderían a una delincuencia común contra la propiedad. Los beneficios derivados de estos delitos podrían responder a intereses particulares de quienes cometen los delitos y no a causas colectivas de grupos específicos.”
De manera similar, señala que, “(…) la mayoría de las autoridades consideran que sólo la respuesta penal al problema de la violencia en la macrozona es insuficiente. Lo interesante es que son precisamente funcionarios policiales y de la Fiscalía quienes más consideran que los delitos responden a causas sociales más profundas y que su acción es sólo posterior al evento ocurrido, es decir, es una respuesta reactiva.”
En efecto, “(…) se releva la necesidad de adoptar un enfoque multisectorial, con participación de distintos actores públicos y privados que trabajen en conjunto con las comunidades afectadas para obtener una respuesta más integral que la policial, privilegiando los siempre insuficientes recursos policiales y de investigación, para hechos especialmente graves.”
En consecuencia, “(…) si el objetivo es alcanzar mejores niveles de convivencia y paz, en los ámbitos de carácter más social y económico, el rol de los municipios es clave en materia de prevención y recomposición del tejido social. Son los gobiernos locales quienes más conocen las necesidades territoriales de las personas, pero muchas veces carecen de los recursos financieros y humanos necesarios. En consecuencia, tanto el gobierno central como las gobernaciones regionales poseen una responsabilidad en proveer estos recursos cuando los niveles locales no disponen de un adecuado financiamiento.”
Vea Informe de Instituto Nacional de Derechos Humanos.