Facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales, interviniendo en materia de plazos, requerimientos y sanciones. Esa es la finalidad de una iniciativa aprobada por la Sala de la Cámara y enviada a segundo trámite, al Senado.
Para sus fines, la propuesta modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, simplificando y agilizando los procedimientos administrativos. Considera el proceso, desde la etapa de anteproyecto, hasta la respectiva inscripción de las unidades a nombre de sus propietarios.
Entre las diversas materias que interviene esta ley están los permisos de anteproyectos y proyectos de construcción. También respecto de requerimientos para las empresas sanitarias, solicitudes, reclamaciones y revisores independientes.
Por otra parte, el texto responsabiliza a las Direcciones de Obra Municipal (DOM), a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
Asimismo, se redefinen infracciones, por ejemplo, respecto de no supervisar la correcta ejecución de las obras o por incumplimiento de las normas de construcción o las especificaciones técnicas del proyecto.
Debate y votaciones
Los informes de las comisiones de Vivienda y de Hacienda los rindieron los diputados Juan Fuenzalida y Boris Barrera, respectivamente.
En el debate, expusieron Sergio Bobadilla, Tomás Hisch, Francisco Pulgar, Héctor Barría, Daniel Lilayu, Nathalie Castillo, Felipe Camaño, Juan Fuenzalida, Gustavo Benavente, Hugo Rey, Luis Alberto Cuello, Marta Bravo, Rubén Darío Oyarzo, Juan Antonio Coloma, Bernardo Berger, Renzo Trisotti, Andrés Longton, Juan Carlos Beltrán y Emilia Nuyado.
Todas las opiniones fueron en línea de apoyar la propuesta, estimándola necesaria y en línea de lo que la ciudadanía aspira. En particular, se destacó la necesidad de disminuir la burocracia y de favorecer la concreción de proyectos habitacionales en un tercio de los actuales plazos. Ello, se acotó, reactivará un sector económico decaído y posibilitará una reducción de los costos para los comités de viviendas y para la clase media, principalmente.
En todo caso, también hubo llamados de atención y reparos. Así, por ejemplo, se pidió mayor fiscalización y no afectar aspectos como los medioambientales. Igualmente, desde el PC se reclamó por las sanciones a las DOM y se acusó una excesiva simplificación, al requerir solo la presentación de un comprobante de ingreso del informe de mitigación vial para obtener un permiso de edificación, sin un análisis más de fondo en esta materia. En tal plano, se anunció la presentación de votaciones separadas para eliminar tales consideraciones, las cuales no prosperaron, manteniéndose el mismo articulado.
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Por su parte, el diputado Fuenzalida pidió votar la admisibilidad de un artículo transitorio definido en la Comisión de Vivienda y refutado en Hacienda. Por su intermedio, se asigna gasto fiscal a la aplicación de esta ley, prerrogativa del Ejecutivo. Al votarse el punto, se respaldó la postura de Hacienda.
Acuerdo cinematográfico
Además de la agilización de proyectos habitacionales, se aprobó, de forma unánime, un acuerdo internacional administrativo. El convenio (Boletín N°16350) se firmó entre Chile y España y apunta a coproducción cinematográfica y audiovisual.
Según el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, rendido por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), el acuerdo se suscribió en Madrid, el 14 de julio de 2023. Busca mejorar la distribución de películas en cada Estado. Asimismo, acrecentar el intercambio cultural y económico, permitiendo acceder a los beneficios e incentivos cinematográficos entregados por las respectivas partes. De esta forma, se espera potenciar la internacionalización de la industria audiovisual chilena.
El texto remarca que España ha sido un aliado estratégico durante años, dando cuenta de ello las selecciones de producciones chilenas en certámenes y eventos españoles. Así lo demuestra, también, el importante esfuerzo que se ha desplegado en el Programa de Apoyo para la participación de mercados internacionales, como son el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y los Premios Goya.
Por otra parte, al ser España uno de los tres países europeos que son parte de la CAACI (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica), abre nuevas posibilidades para nuestro sector nacional, pudiendo llegar a otros países.
Vea moción y siga la tramitación del Boletín N°15534-14
Vea mensaje y siga la tramitación del Boletín N°16350-10