Con el nuevo impuesto al trabajo de un 6% (cotización del empleador) establecido en el proyecto de reforma previsional no se incrementarían significativamente las pensiones. Para ello la tasa de cotización debería ser del orden del 20% —como lo era antes del sistema de las AFP— que debería ir a las cuentas de capitalización individual. La solidaridad debe ser financiada con ingresos generales de la nación.

Por otra parte, considerando el notable aumento de la esperanza de vida en Chile durante los últimos cuarenta años, debería aumentarse la edad de jubilación e igualar la de los varones con la de las mujeres.

Al respecto cabe comentar que con el antiguo sistema de pensiones cada trabajador cotizaba el 20% o más de su sueldo y que para recibir una pensión debía haber cotizado durante al menos quince años, por lo que algunas personas no recibían pensión aun habiendo aportado parte de su sueldo durante sus años trabajados. Aproximadamente un 50% de las personas terminaba sin recibir pensión. Lo ahorrado por el trabajador durante su vida laboral no era de su propiedad y, por lo tanto, no era heredable.

Finalmente cabe tener presente que con la reforma se pretende dar cumplimiento al Programa de Gobierno del presidente Boric, que establece: “Debemos terminar con la administración privada y el mercado de las AFP, reforzando el rol del Estado y dar confianza a las personas para que el ahorro y formalidad estén alineados con una vejez digna. Para terminar con el rol actual de las AFP, debemos crear un ente público legalmente autónomo que sea la cara visible del sistema que se encargue de administrar los fondos. Se creará un Fondo Solidario Colectivo que pueda aumentar las pensiones hoy y que entregue beneficios para personas y generaciones con menor ahorro, con equidad de género”.

Adolfo Paúl

Abogado