La iniciativa, patrocinada por la senadora María José Gatica, modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir al Presidente de la República decretar la colaboración de las Fuerzas Armadas en la mantención del orden público, por el tiempo y en los casos que indica.
La autora de la moción refiere que el diagnóstico de la crisis de seguridad existente en nuestro país revelaría que no se vislumbra una respuesta efectiva por parte del Estado para una pronta solución. Diariamente, en sectores vulnerables y en los medios de comunicación, se evidencia la proliferación de nuevos tipos de delitos, tales como secuestros, sicariato, extorsiones, acribillamientos y asesinatos de personas sometidas, entre otros.
Afirma que este tipo de delincuencia tiene un origen externo; bandas foráneas han introducido modalidades operativas mucho más violentas en nuestras comunidades, desafiando sin reparo a las fuerzas policiales. Estas organizaciones criminales y narcotraficantes, con el objetivo de consolidar su presencia en los barrios, entran en conflicto con grupos locales, convirtiendo las calles en verdaderos campos de batalla, donde la superioridad de las primeras se ha consolidado debido a su falta de inhibiciones.
Añade que, con los recursos actuales, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, a pesar de sus esfuerzos, profesionalismo y aprecio ciudadano, resultan insuficientes para abordar esta crisis. La magnitud de la amenaza actual supera ampliamente a la delincuencia convencional, exigiendo así una respuesta estatal de mayor envergadura.
Apunta a que, si bien las Fuerzas Armadas tienen funciones ajenas al mantenimiento del orden público en circunstancias normales, en situaciones graves, urgentes y excepcionales, el Estado debe ofrecer soluciones efectivas y oportunas.
Es por ello que la reforma constitucional que propone busca asumir la responsabilidad establecida en la Constitución, especialmente cuando las capacidades existentes resultan insuficientes para abordar crisis de seguridad como la que hoy sufre el país en muchas regiones. La finalidad no es reemplazar a las Fuerzas de Orden y Seguridad con las Fuerzas Armadas, sino que ambas entidades se complementen para combatir la migración irregular, el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Lo anterior, sostiene, se logra dotando al Presidente de la República de una nueva facultad, distinta a la declaración de un Estado de Excepción y a la del artículo 32, numeral 21°, referida a la protección de la infraestructura crítica del país. La nueva facultad que propone consiste en poder decretar que las Fuerzas Armadas, en casos de grave crisis migratoria o grave crisis de seguridad pública, puedan colaborar con las Fuerzas de Orden y Seguridad en tareas ordinarias de estas últimas, tales como controles de identidad, controles de tránsito u otras.
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En concreto, propone agregar en el Capítulo XI de las Fuerzas Armadas, en el artículo 101 de la Constitución Política, un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:
«En situaciones de grave crisis migratoria o de seguridad pública y no estando vigente un Estado de Excepción Constitucional o lo establecido en el art. 32 numeral 21°, podrá el Presidente de la República, mediante decreto, ordenar a las Fuerzas Armadas colaborar por un plazo de 30, 60 o 90 días con las Fuerzas de Orden y Seguridad en sus tareas ordinarias tales como control de identidad y de tránsito a fin de responder a esta crisis en una provincia o región específica, pudiendo renovarse este mandato bajo las mismas condiciones.»
El proyecto de reforma constitucional se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Vea texto de la moción Boletín Nº16.611-07 y siga su tramitación aquí.