En una reciente publicación del medio español Confilegal se da a conocer el artículo ¿Y si la Inteligencia Artificial escribiera las leyes?, por Damián Tuset Varela, jefe de Sección en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
En el umbral de una nueva era digital, la inteligencia artificial (IA) se erige como una protagonista indiscutible en la transformación de múltiples sectores, incluyendo el jurídico.
Mucho se ha hablado de su aplicación en despachos o en la Administración de Justicia, pero conviene abordar sus potenciales beneficios y limitaciones dentro del poder legislativo.
Su capacidad para procesar y analizar grandes cantidades de información con una eficiencia y precisión sin precedentes abre un abanico de posibilidades en el ámbito de la legislación.
Este ensayo se enfoca en desentrañar y profundizar en el papel potencial que la IA podría desempeñar en la optimización del proceso legislativo, examinando su aplicación en la implementación de Directrices de Técnica Normativa, la detección y corrección de la dispersión normativa, la identificación de inconsistencias y contradicciones entre leyes, y su función en la evaluación ex post de normativas.
El avance tecnológico ha propiciado que las herramientas basadas en IA se conviertan en aliados indispensables en diversas disciplinas.
En el contexto jurídico, su incursión promete no solo una transformación en la eficiencia del proceso legislativo sino también en la calidad y precisión de las leyes.
Sin embargo, esta integración tecnológica no está exenta de desafíos, especialmente en lo concerniente a la ética, la transparencia y la responsabilidad.
MEJORA DE LA TÉCNICA NORMATIVA
La técnica normativa, entendida como el arte y ciencia de elaborar textos legales claros, precisos y eficaces, se encuentra ante una oportunidad única de evolución gracias a la IA.
La capacidad de estos sistemas para analizar extensos corpus legislativos y extraer patrones puede ser fundamental para estandarizar y mejorar la calidad de las nuevas legislaciones.
Este proceso no solo implica la revisión y mejoramiento de la redacción legal, sino también la garantía de que las leyes se alineen con los principios de justicia, equidad y eficacia.
Los sistemas de IA, especialmente aquellos basados en el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, tienen la capacidad de analizar extensas bases de datos que contienen legislaciones, jurisprudencia y doctrina.
Esta capacidad analítica permite a la IA identificar patrones y estructuras en textos legales eficaces y coherentes, creando un modelo de referencia para futuras legislaciones.
Uno de los desafíos más significativos en la redacción de leyes es asegurar que el lenguaje utilizado sea claro y accesible para todos los ciudadanos.
La IA puede desempeñar un papel crucial en este aspecto, evaluando la complejidad del lenguaje, la longitud de las oraciones y la utilización de terminología técnica. Puede sugerir alternativas más comprensibles sin sacrificar la precisión jurídica, contribuyendo a la democratización del acceso al derecho.
La estructura lógica y coherencia formal son esenciales para la comprensión y eficacia de las leyes.
La IA puede analizar la estructura de documentos legales exitosos y proponer esquemas de organización que faciliten la comprensión y aplicación de las nuevas leyes.
Esto incluye la disposición de artículos, la segmentación en secciones y capítulos, y la coherencia en el uso de definiciones y referencias cruzadas.
Además, la IA puede comparar los proyectos de ley con un conjunto predefinido de directrices y mejores prácticas legislativas.
Esto no solo asegura la adherencia a normativas establecidas, sino que también promueve la estandarización y mejora continua de la técnica legislativa. Por ejemplo, puede verificar el cumplimiento de principios como la proporcionalidad, la necesidad y la no discriminación en las nuevas leyes.
Finalmente, la IA puede proporcionar una retroalimentación valiosa durante el proceso de redacción legislativa. Esto permite a los legisladores realizar ajustes en tiempo real, mejorando la calidad del texto legal antes de su presentación o aprobación.
La IA, por lo tanto, no reemplaza al legislador, sino que actúa como un asistente avanzado, proporcionando una perspectiva adicional basada en el análisis exhaustivo de grandes cantidades de datos legislativos.
LA IA EN LA LUCHA CONTRA LA DISPERSIÓN NORMATIVA
Uno de los mayores retos del derecho contemporáneo es la creciente complejidad y dispersión de las normativas. Los sistemas de IA, equipados con avanzadas capacidades de procesamiento del lenguaje natural y análisis de datos, pueden escrutar minuciosamente grandes corpus legislativos para detectar redundancias y contradicciones.
Este análisis incluye la comparación de leyes, reglamentos y directrices a diferentes niveles (nacional, autonómico y local), identificando áreas donde múltiples disposiciones regulan de manera superpuesta o incluso contradictoria el mismo asunto.
Además de identificar redundancias y contradicciones, la IA es capaz de señalar casos de sobrerregulación.
Esto se refiere a situaciones donde la regulación existente es excesivamente compleja o detallada, lo que puede obstaculizar la comprensión y aplicación práctica de las leyes.
La IA puede sugerir formas de simplificar y clarificar estas normativas, manteniendo su efectividad pero aumentando su accesibilidad.
Basándose en el análisis realizado, los sistemas de IA pueden proponer la consolidación de textos legislativos. Esto implica la fusión de varias normas en un único texto más coherente y comprensible.
Tal consolidación no solo facilitaría la comprensión de las leyes por parte de ciudadanos y profesionales, sino que también contribuiría a la eficiencia administrativa y judicial al reducir la cantidad de textos legales que deben ser consultados y aplicados.
El resultado de esta consolidación legislativa impulsada por la IA sería un ordenamiento jurídico más accesible y comprensible.
Al reducir la cantidad de leyes y regulaciones y presentarlas de manera más clara y estructurada, se facilitaría significativamente el acceso a la información legal tanto para los operadores jurídicos como para el público en general. Esto es particularmente relevante en una sociedad que valora la transparencia y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Asimismo, la detección de dispersión normativa por parte de la IA proporciona una base de datos valiosa y detallada que puede ser utilizada por legisladores y jueces en su toma de decisiones. Al comprender mejor el entramado legislativo existente y sus deficiencias, pueden tomar decisiones más informadas sobre la necesidad de nuevas leyes, modificaciones o derogaciones.
IDENTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES
En el ámbito del derecho, la coherencia normativa no es solo una cuestión de orden práctico, sino también un principio filosófico fundamental. Desde la perspectiva de la teoría del derecho, la coherencia se considera esencial para la legitimidad y la justicia del sistema legal.
Como expuso Ronald Dworkin, la integridad en el derecho implica que se trate a cada caso como parte de un todo coherente de principios jurídicos.
Sin embargo, en la práctica, el volumen creciente de legislaciones y la dinámica cambiante de las sociedades modernas a menudo resultan en contradicciones y desajustes normativos.
Estos desafíos requieren soluciones innovadoras, donde la IA se presenta como una herramienta potentemente útil.
La aplicación de la IA en el campo jurídico permite abordar dos tipos de problemas normativos: las inconsistencias, donde las leyes no se alinean o entran en conflicto entre sí, y las contradicciones, donde las disposiciones de una ley se oponen directamente a las de otra.
Estos desajustes no solo generan confusión en la aplicación del derecho, sino que también pueden socavar la confianza en el sistema legal, la percepción de justicia y muy especialmente la seguridad jurídica.
El potencial para mejorar la eficacia y precisión de las leyes es indudable, pero requiere una consideración cuidadosa de los desafíos que plantea.
¿Cómo abordaremos estos desafíos para asegurar que la integración de la IA en el ámbito legislativo respete y promueva los principios de justicia, equidad y derechos humanos?
EVALUACIÓN EX POST
La evaluación ex post de las leyes se refiere al análisis y valoración del impacto de las normativas una vez que han sido implementadas. Dicha evaluación busca determinar si las leyes han alcanzado sus objetivos previstos, identificar efectos no deseados y ajustar o modificar la legislación para mejorar su eficacia y eficiencia.
A pesar de su importancia, la evaluación ex post no se realiza de manera sistemática, principalmente debido a limitaciones de recursos, falta de herramientas analíticas adecuadas y la complejidad inherente a la medición de los impactos legislativos.
La IA, con su capacidad para procesar y analizar grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes, puede ofrecer una visión detallada y multifacética del impacto de las leyes.
Esta tecnología no solo facilita la identificación de patrones y correlaciones que podrían pasar desapercibidos en análisis convencionales, sino que también puede prever tendencias y efectos futuros, proporcionando así una base sólida para decisiones legislativas informadas y proactivas.
Además, la IA tiene el potencial de transformar la evaluación ex post en un proceso dinámico y continuo, ofreciendo retroalimentación en tiempo real a los legisladores y responsables políticos.
Esta capacidad de proporcionar actualizaciones constantes y análisis en profundidad asegura una respuesta rápida y efectiva a los problemas identificados, permitiendo ajustes legislativos que se alineen mejor con las necesidades y cambios de la sociedad.
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¿Estamos listos para adaptar nuestras leyes de manera tan fluida y rápida a los cambios sociales?
Aunque la integración de la IA en el ámbito legislativo promete ser un paso hacia adelante en la eficiencia y precisión de las leyes, no está exenta de desafíos, especialmente en términos de ética, transparencia y responsabilidad.
Será crucial abordar estos desafíos con rigor para garantizar que el uso de la IA en el proceso legislativo se desarrolle de manera que respete los principios de justicia, equidad y derechos humanos.
En última instancia, la IA se perfila no como un sustituto, sino como un complemento esencial en la legislación, ofreciendo un horizonte nuevo de posibilidades para un sistema legal adaptado a los desafíos del siglo XXI.
Pero la pregunta sigue abierta: ¿cómo integraremos esta tecnología de manera que fortalezca, y no debilite, la integridad de nuestro sistema jurídico?