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Derechos para estudiantes.

Proyectos de ley que establecen un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental, inician su tramitación en Comisión de Educación en la Cámara de Diputados.

La Comisión inició el estudio de varias propuestas legislativas que buscan proteger la salud mental en los estudios superiores y los procedimientos de denuncia en caso de acoso laboral para académicos y funcionarios.

20 de abril de 2024

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el estudio de sendos proyectos de ley, iniciados por moción, con el fin de fortalecer la protección hacia los docentes y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia física y sicológica, para proteger la salud mental de estudiantes de la educación superior y rendir homenaje póstumo a Katherine Yoma.

El grupo parlamentario dedicó una sesión al estudio del proyecto que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental (Boletín Nº16428).

Se trata de una moción de las diputadas Emilia Schneider, Ana María Gazmuri, Marta González, Erika Olivera y diputados Rubén Darío Oyarzo, Hugo Rey, Juan Santana, Héctor Barría, Diego Ibáñez y Luis Malla.

En la sesión, la diputada Schneider indicó que la idea matriz de la iniciativa es crear medidas para resguardar la salud mental de todas las comunidades de la educación superior. De esta forma, el proyecto de ley plantea establecer derechos específicos para estudiantes que requieren cuidados en su salud mental y otras que resguardan y promueven la buena salud mental de la comunidad en su conjunto.

Para ello la iniciativa establece algunas medidas de resguardo. Por ejemplo, la obligatoriedad de incorporar una semana de receso académico por periodo y días de gracia post feriados y semanas de recesos, para organizar estudios y trabajos.

También agrega medidas específicas para estudiantes con problemas de salud mental debidamente acreditados por un psiquiatra. Entre ellas, postergación de evaluaciones; prioridad en la inscripción de asignaturas o interrupción anticipada; modificación del formato de las evaluaciones; y exigencia de menor porcentaje de asistencia, entre otros.

La comisión escuchó la opinión del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, quien valoró la iniciativa y señaló que va en la línea de lo que está diseñando el Gobierno.

Los parlamentarios acordaron escuchar a varias organizaciones respecto a esta iniciativa. Entre ellas, la Confech y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Personal docente y salud mental.

En otra sesión, la comisión inició el análisis de dos mociones -que la Sala acordó refundir- que buscan establecer mecanismos de protección del personal ante situaciones de violencia.

La primera de ellas (Boletín Nº16706) es de las diputadas Yovana Ahumada, Mónica Arce, Alejandra Placencia, Catalina Pérez, Emilia Schneider y de los diputados Jaime Araya, Héctor Barría, Sergio Bobadilla, José Miguel Castro y Sebastián Videla. El texto modifica la Ley General de Educación, para fortalecer la protección del personal docente y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia.

Además, rinde homenaje póstumo a la profesora de inglés, Katherine Yoma, que se suicidó tras denunciar amenazas de muerte por parte de una alumna.

El diputado Araya detalló que la iniciativa busca establecer una modificación, para que todas las instituciones del Estado, con competencia en estas materias (violencia), deban actuar bajo principios esenciales. Ellos son la cooperación, coordinación, eficacia y eficiencia, para entregar una respuesta pronta y oportuna a la víctima, con una facultad cautelar especial.

Protección a funcionarios.

La segunda moción (Boletín Nº16721) es de la diputada Mónica Arce, Viviana Delgado y Emilia Schneider, junto a los diputados José Miguel Castro, Andrés Giordano y Hugo Rey, para modificar diversos cuerpos legales a fin de otorgar mayor protección a personas que ejerzan funciones en posición de garante, en situaciones de violencia corporal o psicoemocional.

Respecto al proyecto, la diputada Arce señaló que la violencia institucional ha evolucionado. En ese sentido, indicó que la iniciativa abarca una mirada más integral de la violencia hacia los trabajadores públicos, incluyendo, por ejemplo, a los de la salud.

En la sesión estuvo presente la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, quien valoró ambas propuestas refundidas. Sin embargo, consultó a la comisión la posibilidad de dar prioridad a la ley José Matías, iniciativa que ya aprobó la Cámara y está en el Senado en segundo trámite.

La propuesta legal refuerza la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género. Además, sanciona toda forma de discriminación basada en estas circunstancias.

La subsecretaria Arratia planteó la posibilidad de agregar indicaciones a ese proyecto de ley, lo que significaría una tramitación más rápida para abordar los problemas de salud mental en la educación.

La Comisión de Educación recibirá en sus próximas sesiones a expertos en el tema, antes de determinar si acogen la propuesta de Gobierno.

 

Vea texto de moción Boletín Nº16428 y siga su tramitación aquí.

Vea texto de moción Boletín Nº16706 y siga su tramitación aquí.

Vea texto de moción Boletín Nº16721 y siga su tramitación aquí.

 

 

 

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