El titular del Ministerio de Vivienda, Carlos Montes, presentó en la comisión del área los lineamientos de una nueva iniciativa recientemente ingresada a trámite. El texto busca definir una regulación urbanística de asentamientos y barrios ante catástrofes que afecten a la población en sus territorios.
En particular, se dota a la administración pública de mayores y mejores herramientas para reaccionar de manera eficaz a fenómenos consolidados en el territorio. Además, se promueve un enfoque preventivo.
La autoridad dijo que la iniciativa surge por el contexto del megaincendio que afectó a tres comunas de la región de Valparaíso, en febrero pasado, y los problemas de reconstrucción que se han generado. “Va a servir para futuras construcciones y algunas cosas van a alcanzar a aplicarse ahora”, afirmó.
Explicó que en sectores urbanos conviven poblaciones regularizadas y no regularizadas. Por ello, se necesita el traslado transitorio y relocalización de familias en situaciones de emergencia o para prevención de desastres. También, se facilita en el proyecto, la regularización de asentamientos irregulares.
Asimismo, se incluye la solución para problemas de colisiones de deslindes de propiedades, para ejecutar proyectos.
En tanto, el jefe de Desarrollo Urbano del Ministerio, Vicente Burgos, detalló los principales aspectos del proyecto que aborda temas acotados asociados a procesos de reconstrucción y se prepara para el cambio climático.
Ejes de la propuesta
La iniciativa presenta los siguientes ejes:
– Disponer mayor grado de operatividad a las leyes de excepción para la regulación de asentamientos.
– Desarrollar y ampliar la regulación para la instalación de barrios transitorios.
– Establecer mecanismos de carácter temporal y simplificados para modificar Instrumentos de Planificación Territorial (IPT).
– Se modifica la Ley de Presupuestos, para habilitar mecanismos de asistencia técnica en materia de inversión pública que realiza la Subdere a los municipios. Ello, en zonas declaradas de catástrofe.
Entre las modificaciones a las leyes de excepción, se incluye la ley de sismos. También a la normativa de administración de loteos declarados en situación irregular (Ley 16.741) y la de procedimiento de saneamiento y regularización de loteos (Ley 20.234).
La idea es permitir alzar la condición de irregular y facilitar la administración de asentamientos irregulares Serviu. Ello, permitirá aclarar la situación jurídica de los terrenos destinados a circulaciones, áreas verdes y equipamiento, habilitando la inversión pública. Por otra parte, facilita la administración de parte del Serviu de poblaciones declaradas en situación irregular, antes de 1990.
En saneamiento de loteos, se aumenta la eficiencia del proceso de saneamiento y favorecer el accionar conjunto de los servicios de vivienda y urbanización y el Ministerio de Bienes Nacionales.
Barrios transitorios e IPT
La iniciativa reconoce dentro de las funciones de la cartera la proyección, ejecución y supervigilancia de otras medidas requeridas para la instalación de barrios transitorios. Al mismo tiempo, se establece un procedimiento reglado para la obtención de la autorización por parte de la Dirección de Obras Municipales.
Además, se explicó que se permite mover campamentos por estar ubicados en zonas de riesgo.
Vicente Burgos explicó que en la modificación de los IPT se propone incorporar en límites urbanos porciones de territorio rural exclusivamente en sectores poblados con características urbanas consolidadas (campamentos o loteos), como herramienta momentánea a dos años.
Igualmente, incorpora o actualiza áreas de riesgo con estudios aprobados de Sernapred en planes reguladores comunales e intercomunales. A nivel comunal, se permite modificar el plan regulador para factibilizar la radicación de campamentos.
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Reacciones
Las y los diputados entendieron la urgencia de legislar sobre la materia. Sin embargo, surgieron ciertas inquietudes, por lo que se planteó estudiar detalladamente el proyecto que atiende fenómenos urbanos consolidados en el territorio.
Sergio Bobadilla dijo que comparte la idea de dar soluciones urgentes a problemas que llevan muchos años. Pero comentó que le hace ruido la facultad discrecional que se entrega al ministerio y a las autoridades. Añadió que hay campamentos que llevan 40 años y no se han podido regularizar, por lo que preocupa el tema de la propiedad, porque siempre existe un dueño en dichos terrenos ocupados.
Emilia Nuyado valoró que se legisle para resolver situaciones difíciles que requieren una respuesta más rápida del ministerio. “Que los afectados de incendios o inundaciones estén sin vivienda por meses es preocupante”, recalcó. Por ello, destacó que se establezcan instrumentos más flexibles para viviendas antiguas o terrenos que quieren regularizar su situación.
Vea mensaje del Boletín Nº16772-14 y siga su tramitación aquí.