El gobierno del Reino Unido presentó una enmienda al proyecto de ley de justicia penal que busca modificar las disposiciones relacionadas con la responsabilidad parental de los perpetradores de delitos graves, específicamente aquellos relacionados con violencia sexual contra menores. Esta enmienda tiene como objetivo principal garantizar la protección de los intereses superiores de los niños involucrados.
La enmienda propuesta elimina automáticamente las responsabilidades parentales de los violadores de niños, restringiendo su capacidad para tomar decisiones relevantes en la vida de sus hijos, como acceso a terapia, viajes, o cambios escolares, entre otros. Esta modificación representa un cambio significativo en la legislación actual, que permite a los tribunales decidir sobre la eliminación de la responsabilidad parental, aunque requiere que las familias de los perpetradores financien procedimientos legales costosos para obtener tal orden.
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Según la enmienda propuesta, si un perpetrador busca recuperar la responsabilidad parental, deberá demostrar ante un juez de familia que esta medida es lo mejor para el bienestar del niño. Esta disposición busca garantizar un proceso judicial justo y equitativo en la toma de decisiones que afectan a la crianza y el cuidado de sus hijos.
El Lord Canciller y Secretario de Justicia ha expresado su apoyo al proyecto de ley enmendado, resaltando su importancia para salvaguardar los derechos e intereses de los niños en situaciones vulnerables. Se espera que esta modificación legal contribuya a fortalecer la protección de los niños frente a aquellos cuyas acciones delictivas ponen en riesgo su bienestar y seguridad.
La enmienda propuesta se inspira en la Ley de Jade, la cual establece disposiciones similares en casos de homicidio de la pareja con la que se comparten hijos. Esta referencia legislativa demuestra la influencia de precedentes legales relevantes en la formulación de nuevas políticas públicas relacionadas con la protección infantil.
El proyecto de ley de justicia penal enmendado estará sujeto a revisión dentro de tres años, con el objetivo de evaluar su eficacia y considerar posibles ajustes que puedan ser necesarios para mejorar su aplicación y proteger mejor los derechos de las víctimas y los niños afectados por delitos graves.