Hemos leído con atención algunas cartas y opiniones que han salido en este y otros medios, abordando diferentes casos sobre militares (R) condenados por delitos cometidos durante el gobierno militar. Uno de ellos, sucedió en octubre de 1973 en el Regimiento “Húsares” de Angol, donde lamentablemente murieron ejecutados dos jóvenes, motivo por el cual se instruyó un proceso a cargo del Ministro de Fuero don Fernando Carreño Ortega de la Corte de Apelaciones de Temuco, causa que, en el año 2005, la Corte Suprema dictó sentencia y condenó a 10 años al autor confeso recaído en el segundo comandante del regimiento, no obstante, lo anterior la misma Corte Suprema le aplicó la prescripción del delito.

Se suponía que la causa estaba juzgada, no obstante, 9 años después, en el año 2014, durante el primer gobierno de Piñera, su subsecretario del interior Rodrigo Ubilla, reabrió la causa y se querelló contra todos los posibles coautores.

La Corte de Apelaciones de Temuco designó como Ministro Extraordinario al juez Álvaro Mesa Latorre, quien procesó y luego condenó a todos los oficiales y algunos clases y conscriptos del citado Regimiento..

Es así que el ministro Mesa condenó a 7 oficiales como autores a la pena de 19 años, 1 conscripto también como autor a la pena de 15 años, 1 oficial y 1 conscripto como cómplices a la pena de 13 años, y 1 oficial y 1 soldado primero como encubridores a la pena de 5 años, todas penas efectivas. Los oficiales condenados eran más, pero dado a que la investigación se prolongó por más de 10 años, fallecieron en el transcurso del tiempo un mayor y tres capitanes.

Lo insólito en este caso, es que el autor confeso, o sea quien dio la orden de la ejecución recibió una condena de 10 años y luego la Corte Suprema le aplicó la prescripción, y los que ni siquiera presenciaron el fusilamiento fueron condenados a penas altísimas.  Su única razón de estar condenados fue la mala fortuna de estar en el Regimiento la noche de los hechos.

El promedio de edad de los condenados es sobre los 72 años, por tanto, las penas dictadas por el ministro Mesa, son penas a muerte, sin tener participación en el hecho.

Quien narra lo señalado, lo expresa un hijo de uno de los condenados, y leyendo el expediente que tiene más de 10.000 fojas y el fallo 1.160 hojas, encuentro inexplicable por lo que está pasando mi padre y como también sus compañeros.

La impotencia y sentido de INJUSTICIA que sentimos es terrible, y solo imaginar todo lo que queda por venir para nuestro padre, hace que la desesperanza, y confianza en los estamentos del estado sea cada vez menor, de que de verdad van a hacer justicia.

A nuestro padre le enseñaron obediencia, orden, rigor, incluso a dar la vida, si es que fuera necesario, por su país.

Mi padre a sus 72 años está a punto de pasar su última etapa de la vida en la cárcel y no por ser un delincuente. No queremos este tipo de despedida, nos gustaría, sin duda, que estuviese en otra situación, disfrutando tranquilamente de su familia y de sus nietos, pero no es así. La agonía parece infinita. Uno se pregunta, ¿Hay justicia en la justicia?

Javier Tisi