La Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó un recurso de tutela de derechos planteado por la defensa de la presidenta, Dina Boluarte, en la investigación que sigue en su contra la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito.
El caso tiene que ver con el uso de tres relojes de lujo, marca Rolex, y una pulsera de oro con incrustaciones de diamantes que la mandataria no declaró pese a ser una obligación por ser funcionaria pública.
En un mensaje en la red social X, antes Twitter, el Poder Judicial dijo que era “infundada” la tutela de derechos presentada por los abogados de Bolaurte. El juez Carlos Checkely Soria consideró que los argumentos planteados por la defensa en el recurso “no tienen sustento fáctico ni jurídico”.
El equipo legal de la mandataria había cuestionado una supuesta “vulneración de derecho a la defensa y de igualdad de partes” debido a que la Fiscalía no le habría permitido intervenir en las diligencias de extracción de información que, según el Poder Judicial, son “de fuente abierta”, es decir, información pública de medios periodísticos, agregó la institución.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del equipo de abogados, ni de la presidenta sobre esa decisión judicial.
Boluarte enfrenta otras investigaciones, la más reciente por presunto abuso de autoridad tras la desactivación de un grupo policial encargado de colaborar con la Fiscalía en las pesquisas contra su hermano, Nicanor Boluarte, acusado de supuesto tráfico de influencias. Además, se la acusa de supuesto lavado de dinero durante la campaña presidencial de su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, y por la muerte de manifestantes al inicio de su gobierno, cuando éste fue defenestrado por el Congreso y le correspondió ascender al poder, en 2022.
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Las acusaciones han generado una crisis de gobierno que mantiene a la mandataria con los niveles de popularidad más bajos en décadas, con apenas un 7%, según la medición de abril de la firma Datum Internacional.
Boluarte ha sorteado al menos siete intentos de destituirla por parte de una minoría de oposición en el Congreso. Una semana atrás, la presidenta acusó a esa minoría que querer “afectar la unidad del país” y convocó a un pacto de gobernabilidad. Su período concluirá a finales de julio de 2026.