El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acogió la demanda deducida contra el Estado ruso por los apremios infligidos a un exjuez y su familia provenientes de Chechenia, por su activismo en defensa de los derechos humanos. Constató una violación de los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tratos inhumanos y degradantes), 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad), 6.1 (derecho a un juicio justo) y 18 (limitación en el uso de las restricciones de derechos) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Los demandantes, una mujer, su marido y su hija, son ciudadanos rusos que abandonaron Chechenia en 2017 debido a los apremios sufridos por el padre de familia (ex juez del Tribunal Supremo de Chechenia) por su oposición a líderes locales. En 2022, estaban preparando su salida de Rusia cuando un grupo de policías chechenos entró por la fuerza en su domicilio, llevándose a la mujer. Esta alegó haber sufrido maltrato durante su traslado y posteriormente fue condenada por «pequeño vandalismo» sin la presencia de un fiscal ni abogado, siendo sentenciada a 15 días de detención.
Posteriormente, fue acusada de agredir a un policía y de cometer fraude, recibiendo una condena de cinco años de prisión en apelación. Durante su detención, sus abogados informaron que presentaba signos de debilidad extrema. Las autoridades rusas no abrieron una causa penal respecto a las lesiones sufridas por los actores, ni investigaron las amenazas de muerte públicas realizadas por funcionarios chechenos, incluido el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov. A raíz de esta impunidad y falta de investigación, demandaron al Estado ante el TEDH.
En su análisis de fondo, el Tribunal observa que, “(…) los documentos presentados mostraban que, en enero y febrero de 2022, el presidente checheno y otros altos funcionarios de Chechenia habían pedido públicamente el asesinato de la señora mujer y de toda su familia, prometiendo “perseguirlos” y “cortarles la cabeza”. Así, las autoridades rusas no sólo eran conscientes del riesgo que corrían las vidas de los demandantes, sino que sus representantes habían sido, de hecho, la fuente de las amenazas públicas de muerte”.
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Agrega que “(…) las autoridades tampoco tomaron alguna medida para evaluar esas amenazas y el riesgo que representaban para la vida de los solicitantes y no tomaron medidas para evitar que tal riesgo se materializara. Las quejas de los demandantes por la falta de investigación sobre las amenazas fueron ignoradas. Además, el relato de la mujer sobre su traslado forzoso a Chechenia había sido creíble. Los demandantes aportaron información detallada sobre lo que les había sucedido”.
Comprueba que “(…) el verdadero motivo de su arresto y detención habían sido las represalias contra su familia, que participaba en actividades de defensa de los derechos humanos y de oposición en Chechenia. Se debe considerar el contexto general, como la inminente salida de Rusia de los demandantes, sus malos tratos, la implicación directa de funcionarios del más alto nivel en el caso y las repetidas declaraciones públicas del Presidente checheno, así como la represión contra defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición en la región”.
El Tribunal concluye que, “(…) la denuncia de la mujer sobre el procedimiento administrativo concluyó en agosto de 2022, es decir, antes de que Rusia dejara de ser parte en la Convención, por lo que entra dentro de la competencia del Tribunal. El procedimiento administrativo, llevado a cabo sin fiscal, no fue imparcial y la mujer, que evidentemente no se encontraba bien durante el examen de su caso y no contaba con representación legal, no había podido participar efectivamente”.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal condenó a Rusia a pagar, en concepto de daño moral, 52.000 euros a la demandante y 6.500 euros a su marido e hija.