En días pasado se dio a conocer el veredicto condenatorio en el juicio por jurado seguido ante la Corte del Distrito de Manhattan, Nueva York, contra el ex Presidente Donald Trump, por alteración de registros contables durante su anterior campaña, y si bien el caso ha generado una enorme expectación pues se trata del primer ex mandatario y nominado presidencial que enfrenta una condena penal, el proceso no ha terminado.
En efecto, podría extenderse más allá de las elecciones del 5 de noviembre de este año.
Lo anterior porque su defensa dispone de 30 días para notificar al tribunal de su intención de apelar una vez que se conozca la sentencia el 11 de julio próximo, y de otros 6 meses para “perfeccionarla” a contar de esa fecha -plazo que varía dependiendo de qué Corte conozca la apelación- y período que consiste básicamente en la oportunidad que las partes tienen para solicitar e incorporar los registros y copias del juicio cuyo fallo se impugna, además de sus alegaciones.
El equipo jurídico que represente a Trump ya manifestó su inconformidad con el fallo y apuntó a la falibilidad del principal testimonio acusatorio rendido en juicio, como también a supuestos errores en la conducción de los interrogatorios.
Por ahora, el juez Juan Merchan, magistrado que condujo el recién terminado juicio, ha dado a la defensa y a la fiscalía dos semanas para persuadir al tribunal acerca de la graduación de la pena a la que estiman debiera someterse al ex Presidente, quien deberá entrevistarse además con un oficial de cumplimiento cuyo informe debe ser presentado a la Corte antes de conocerse la condena.
Y si bien el ex Presidente arriesga en teoría hasta 20 años de cárcel, ello parece poco probable por las características del delito y ausencia de antecedentes penales del candidato, según recoge mayoritariamente la prensa norteamericana en la voz de analistas y conocedores del sistema de enjuiciamiento criminal del Estado de Nueva York.
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En cuanto al futuro político del actual candidato, la Constitución estadounidense no establece inhabilidades especiales para aquellas personas que han sido condenadas y postulan a la presidencia y sólo se especula acerca de una eventual suspensión de su derecho a sufragio en el estado de Florida en caso de ser condenado a una pena efectiva de cárcel.
Conforme avanza la carrera eleccionaria en Estados Unidos, Trump enfrenta, hasta ahora, otros cinco procesos judiciales en materia penal y uno civil, todos en distintos estadios procesales y radicados en diversos tribunales del país.
El próximo Presidente de Estados Unidos debe asumir el Día de la Inauguración Presidencial, el 20 de enero de 2025.