El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una orden ejecutiva que deniega las solicitudes de asilo a personas que ingresen ilegalmente al país por la frontera entre Estados Unidos y México. Esta orden, que entró en vigor este 5 de junio, se aplica a ciudadanos de cualquier nación que busquen asilo en Estados Unidos. La medida se fundamenta en la autoridad presidencial conferida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. (8 USC 1182 (f) y 1185 (a)), destinada a «facilitar a los funcionarios de inmigración la expulsión rápida de personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos». La orden establece excepciones para ciertos grupos, incluyendo víctimas de trata de personas, niños no acompañados y otros individuos vulnerables.
La política tiene un diseño adaptable para responder a las variaciones en los cruces fronterizos ilegales, perdiendo vigencia durante períodos de baja actividad y recuperándola en momentos de incrementos repentinos. Las restricciones se suspenderán si los agentes fronterizos registran un promedio de menos de 1.500 “encuentros” en un período de siete días, los cuales incluyen detenciones de inmigrantes indocumentados dentro de 100 millas de la frontera o rechazos de entrada en los cruces terrestres entre Estados Unidos y México. Sin embargo, si se observa un promedio de 2.500 o más encuentros en siete días, las restricciones volverán a implementarse.
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La orden fue emitida en un contexto de intensa campaña presidencial, donde la seguridad fronteriza ha sido una preocupación significativa para los votantes. En los últimos años, ha habido un aumento en los cruces ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, un corredor migratorio destacado según datos de la ONU. Anteriormente, el Senado de Estados Unidos no logró aprobar un proyecto de ley de seguridad fronteriza, tras la oposición mayoritaria de los republicanos. Un proyecto similar, respaldado por Biden, también fracasó en el Senado en febrero.
Diversos grupos de derechos humanos y defensores se manifestaron rápidamente en contra de la medida. Poco después de la firma de la orden, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció su intención de impugnarla judicialmente, argumentando que la orden «restringirá severamente el derecho legal de las personas a solicitar asilo». Human Rights First criticó la política, afirmando que contraviene las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional al impedir que los refugiados soliciten asilo y devolverlos a situaciones de persecución, en violación de la ley de asilo estadounidense, la Convención sobre Refugiados y el principio de no devolución.
“Estas acciones no son permanentes. Se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas. Estas acciones también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado, incluidas aquellas para niños no acompañados y víctimas de trata”, señaló el gobierno estadounidense.