El reciente informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Este, e Israel, establece que tanto las fuerzas israelíes como Hamás han cometido crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. La Comisión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 con el objetivo de monitorear la situación humanitaria y de derechos humanos en la región.
El informe abarca los ataques del 7 de octubre por parte de Hamás contra civiles israelíes y la fase inicial de la invasión de Gaza en represalia por parte de Israel. En relación a la invasión, la Comisión acusa a Israel de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Además, señala que Israel ha utilizado «el hambre como método de guerra» contra la población de Gaza, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de casos de desnutrición entre niños y mujeres embarazadas o lactantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Comisión ha instado a ambas partes a cesar las hostilidades y a priorizar la salud y el bienestar de los civiles. Sin embargo, tras la publicación del informe, los diplomáticos israelíes han acusado a la Comisión de llevar a cabo una «discriminación antiisraelí sistemática».
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Este informe se publica en un contexto donde se está llevando a cabo un caso de genocidio en curso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
La Comisión de Investigación fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario que llevaron desde el 13 de abril de 2021. Su informe se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos el 19 de junio de 2024.
«La única manera de detener los ciclos recurrentes de violencia, incluidas la agresión y las represalias por parte de ambas partes, es garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional. Eso incluye poner fin a la ocupación ilegal israelí del territorio palestino; discriminación, opresión y negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, y garantía de paz y seguridad para judíos y palestinos”, señala el informe.
“Se insta al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los ataques que provocaron la muerte y mutilación de civiles en Gaza, poner fin al asedio a Gaza, implementar un alto el fuego, garantizar que aquellos cuyas propiedades han sido destruidas ilegalmente reciban reparaciones, y garantizar que las necesidades cruciales para la salud y el bienestar de la población civil lleguen inmediatamente a quienes las necesitan”, agrega el texto.
“También el Gobierno del Estado de Palestina y las autoridades de facto en Gaza deben garantizar la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en el enclave; garantizar su protección, incluso contra la violencia sexual y de género; informar sobre su estado de salud y bienestar; permitir las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el contacto con las familias y la atención médica, y garantizar su tratamiento respetando el derecho internacional humanitario y de derechos humanos”, concluye el informe.