La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró este 10 de junio estar preocupada por la aprobación en primera votación en el Congreso de Perú de un proyecto de ley que establece la prescripción de todos los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos en Perú antes del 1 de julio de 2002.
Según el organismo, la “iniciativa es contraria al derecho internacional” y desobedece “arbitrariamente” las sentencias que ha emitido la CIDH y otros organismos e instrumentos internacionales. La fecha límite que prescribiría los delitos es justo la misma fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma en el país andino.
Por ello, la CIDH instó este lunes a los congresistas peruanos a “detener el avance del mencionado proyecto de ley”.
La propuesta legislativa, 6951/2023-CR, fue aprobada el 6 de junio en el Congreso peruano. Los resultados de esta primera votación fueron 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones.
Igualmente, la propuesta fue aprobada en marzo por la Comisión Constitucional del Parlamento de Perú. En ese entonces recibió el apoyo de 14 parlamentarios y la oposición de congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democrático, Juntos por el Perú y Perú Bicentenario, tal y como informó el medio ‘La Tercera’. El diario también afirma que los legisladores opositores expresaron que la ley “vulnera los derechos humanos y la justicia para las víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad”.
De aprobarse, la “ley de amnistía” —nombre que ha recibido comúnmente— eximiría de delitos como tortura, desaparición forzada y homicidio durante el periodo de violencia que vivió Perú a finales del siglo XX.
Según el Instituto de Paz de Estados Unidos, “el conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana”.
El proyecto de ley 6951/2023-CR
La iniciativa ha sido impulsada por el partido fujimorista Fuerza Popular, seguido del respaldo de una bancada parlamentaria formada por excomandantes de las Fuerzas Armadas peruanas. El proyecto impediría que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, lo que excluiría al periodo del conflicto interno que dejó más de 69.000 víctimas.
A su vez, la propuesta legislativa argumenta que el Estatuto de Roma, que establece que cualquier acusado de crímenes de guerra puede ser procesado por la Corte Penal Internacional, entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano el 1 de julio de 2002.
El proyecto señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad lo hizo el 9 de noviembre de 2003. A pesar de tener ya esta primera aprobación, la medida deberá ser ratificada en una segunda votaciónantes de ser enviada al Ejecutivo para su eventual promulgación o devolución.