Una jueza federal de Estados Unidos ordenó la realización de un nuevo juicio en un caso que involucra a CACI Premier Technology, Inc. (CACI), una empresa contratista militar estadounidense. La magistrada aceptó la solicitud de los demandantes para un nuevo juicio y rechazó la moción de CACI para un fallo judicial a su favor. La decisión se tomó tras un juicio civil llevado a cabo a principios de este año, donde un jurado de ocho miembros no logró alcanzar un veredicto unánime, requisito necesario en casos civiles federales.
El litigio contra CACI versa sobre la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, que resultó en la creación de prisiones administradas por fuerzas estadounidenses en Irak. Entre estas instalaciones, se encontraba la prisión de Abu Ghraib, donde CACI fue contratada para proporcionar servicios de interrogatorio. La demanda fue presentada en 2008 bajo el Estatuto de Agravios Extranjeros, una legislación que permite a ciudadanos extranjeros presentar demandas en tribunales federales estadounidenses por violaciones graves del derecho internacional.
Los demandantes fueron detenidos en la sección de «lugar duro» de Abu Ghraib, donde se aplicaron técnicas de interrogatorio severas. Alegan que CACI es responsable de conspiración para cometer torturas y crímenes de guerra. Por su parte, la empresa ha sostenido que las pruebas presentadas no respaldan un veredicto en su contra y que su defensa se vio limitada por la afirmación del gobierno del secreto de estado, lo cual impidió la presentación de ciertas pruebas clasificadas a su favor.
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La compañía también alegó que no debería ser considerada responsable por las acciones de sus empleados si estos estaban bajo el control del ejército estadounidense, conforme a la doctrina de los «sirvientes prestados». Además, CACI afirmó que no tiene responsabilidad por conductas ocurridas en Irak bajo un contrato con el gobierno de Estados Unidos, aun si se determinara que dichas conductas fueran ilegales.
El caso ha sido objeto de múltiples apelaciones, incluyendo cinco ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, y una solicitud de revisión ante la Corte Suprema, la cual fue denegada. A pesar de que la Corte Suprema ha restringido el alcance del Estatuto de Agravios Extranjeros desde que se presentó la demanda, la jueza determinó en 2018 que los demandantes presentaron suficientes pruebas para respaldar sus reclamos, permitiendo que el caso procediera a juicio.
El caso de CACI es uno entre varios litigios contra contratistas militares privados acusados de abuso de detenidos, enfrentando desafíos legales similares, especialmente aquellos relacionados con preocupaciones de seguridad nacional y la aplicabilidad de la ley estadounidense en zonas de conflicto. Los demandantes en el caso CACI han argumentado que un nuevo juicio es justificado a menos que CACI pueda demostrar de manera concluyente que ningún jurado razonable podría encontrarla responsable.