Tras el compromiso suscrito por el Presidente Gabriel Boric de entregar el reglamento de la Ley de Seguridad Privada en un plazo de 3 meses desde su promulgación, el Gobierno ingresó el marco normativo a la Contraloría General de la República, iniciando una nueva etapa de tramitación antes de su entrada en vigencia.
Asimismo, se entregó al órgano el reglamento que establece una nueva institucionalidad para regular eventos y espectáculos masivos, los cuales han venido trabajándose intensamente por la Subsecretaría de Prevención del Delito y por gremios y representantes de la industria.
La nueva normativa establece un nuevo marco regulatorio en la que se contempla la modernización de los requisitos para que las personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades de seguridad privada, la regulación de las entidades y empresas obligadas a contar con seguridad privada; la actividad en eventos masivos tendrá una nueva regulación y se robustecerán las funciones del órgano fiscalizador, que será el Ministerio encargado de la Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La medida permitirá, además, la optimización de los recursos policiales, pues al elevar los estándares de la seguridad privada, se evitará destinar personal operativo de Carabineros que realizan acciones estratégicas en las calles.
El titular de la cartera, Eduardo Vergara, destacó la colaboración público-privada en todo el proceso de construcción de la nueva normativa. “Para ello se han hecho reuniones con distintos gremios, organizaciones de seguridad e instituciones del Estado. Se ha avanzado por sobre nuestras expectativas, con un ánimo de colaboración y de forma propositiva. Estas últimas semanas socializamos los textos con los ministerios y servicios involucrados, así como con Carabineros, Directemar y DGAC, para tomar en cuenta sus observaciones. Además, contamos con instancias para recibir la visión del sector privado, de modo que se ha preparado una propuesta con eficiencia y prolijidad”, indicó.
Noticia Relacionada
Además, el jefe del servicio dio luces que muchas materias contempladas en la ley pueden estar sujetos a una mayor profundidad, entre ellas la implementación de las distintas etapas y las funciones que tendrá que ejercer SPD, tales como autorizaciones de guardias y vigilantes, informes para tribunales, resoluciones para declarar de entidades obligadas, sistemas de entregas de credenciales, acreditación de organismos capacitadores, entre otras.
“En el mundo de la co-producción de seguridad, esperamos que se pueda tener una seguridad privada que sea complementaria y coadyuvante de la labor de la seguridad pública. Es un universo que contempla actualmente a más de 260 mil personas, entre acreditados, pendientes y vencidos, con una industria que mueve más de 2.300 millones de dólares, entre empresas y los servicios que proveen. Esto tiene repercusiones para que se tomen medidas de seguridad privada como tener vigilantes, guardias y recursos tecnológicos, que garanticen la protección de personas, bienes y procesos productivos”, agregó Vergara.
“Se ha tomado lo positivo de la actual regulación, a la vez que se propusieron mejoras para, principalmente, quitar trabajo administrativo desde Carabineros para traspasarlo a SPD”, cerró el titular de la SPD.