El gobierno de Nueva Zelanda aprobó la primera lectura del proyecto de ley que enmienda la ley de restitución de la pena de muerte por tres delitos. La ministra adjunta de Justicia afirmó que este nuevo régimen será más viable y evitará resultados injustos. Sin embargo, varios críticos han expresado su preocupación sobre la posible incompatibilidad de esta legislación con las obligaciones internacionales del país.
Este proyecto de ley reintroduce la ley de los tres “strikes”, inicialmente introducida por la Ley de Reforma de Sentencias y Libertad Condicional de 2010, con modificaciones significativas. Entre estas se incluye la limitación de su aplicación a sentencias superiores a 24 meses, una mayor discreción judicial en casos de “injusticia manifiesta” y un descuento del 20% en la tercera condena por una declaración anticipada de culpabilidad. Los delitos contemplados en esta ley son los mismos 40 delitos violentos y sexuales graves de la legislación anterior, con la adición del nuevo delito de estrangulamiento y asfixia.
La ley de 2010 establecía sentencias obligatorias para los reincidentes, eliminando la discreción judicial. La primera condena por un delito calificado de huelga resultaba en una advertencia de huelga; la segunda, en una huelga final; y la tercera, en la imposición de la pena máxima sin posibilidad de libertad condicional, salvo que el tribunal considerara la orden manifiestamente injusta.
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En un informe sobre el impacto regulatorio del proyecto de ley, el Ministerio de Justicia ha señalado que modificar las prácticas de sentencia actuales podría resultar en inconsistencias con el Tratado de Waitangi/Te Tiriti o Waitangi y la Ley de Declaración de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.
Este informe subraya que el régimen de tres strikes anterior, derogado en 2022, produjo sentencias desproporcionadas y su efectividad en la reducción de delitos es empíricamente cuestionable. Además, se advierte que la reintroducción de este régimen podría agravar la sobrerrepresentación de la población aborigen y de los jóvenes delincuentes en el sistema de justicia penal.
En 2020, el Tribunal Supremo de Nueva Zelanda evaluó la compatibilidad del régimen de los tres strikes con la Ley de la Carta de Derechos. En el caso de Fitzgerald, quien fue condenado por agresión indecente, el tribunal determinó que la sentencia violaba el derecho a no ser sometido a un castigo desproporcionadamente severo, protegido por la sección 9 de la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.
“Este Gobierno ha dejado claro que no se tolerará la repetición de delitos violentos o sexuales graves. La ley de los Tres Golpes ayudará a mantener a los neozelandeses más seguros y, al mismo tiempo, enviará un mensaje contundente a quienes siguen cometiendo estos delitos graves: la reincidencia no es aceptable y se enfrentarán a consecuencias cada vez más graves”, señaló la ministra adjunta de justicia en un comunicado de prensa.