En el caso “City of Grants Pass, Oregon v. Johnson”, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó una sentencia que aborda la aplicación de ordenanzas municipales contra los campamentos de personas sin hogar cuando no existe capacidad suficiente en refugios disponibles. Los demandantes habían impugnado las ordenanzas de la ciudad de Grants Pass, Oregon, argumentando que prohibir el campamento público constituía una violación de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Inicialmente, se había emitido una orden judicial que impedía a la ciudad hacer cumplir sus leyes contra el campamento de personas sin hogar.
La Corte Suprema revocó esta orden judicial, argumentando que las sanciones impuestas por la ciudad no alcanzaban el umbral de castigo «cruel e inusual» bajo los estándares constitucionales. Por una mayoría de 6 a 3, sostuvo que las penas por violar las ordenanzas municipales eran principalmente multas leves y, en casos de reincidencia, penas de cárcel breves, las cuales no eran desproporcionadas ni inconstitucionales dada la naturaleza de las infracciones en cuestión.
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En el disenso, redactado por la Jueza Sonia Sotomayor, apoyada por las Juezas Elena Kagan y Jackson, se argumentó que la aplicación de estas leyes contra personas sin hogar, particularmente cuando no tienen alternativas de refugio, podría considerarse un castigo cruel e inusual en violación de la Octava Enmienda. Esta posición disidente destacó preocupaciones sobre el impacto desproporcionado de las ordenanzas municipales en los derechos de las personas sin hogar, subrayando la necesidad de considerar las circunstancias individuales y la capacidad de los refugios locales al aplicar estas prohibiciones.
La decisión ha generado un intenso debate y ha llevado a defensores de los derechos de las personas sin hogar a manifestarse y a presentar numerosos escritos amicus curiae en apoyo de los afectados por estas políticas municipales.
“El problema de las personas sin hogar es complejo. Sus causas son muchas, y también lo pueden ser las respuestas de política pública necesarias para abordarlo. La cuestión que plantea este caso es si la Octava Enmienda otorga a los jueces federales la responsabilidad principal de evaluar esas causas y diseñar esas respuestas. Un puñado de jueces federales no puede ni siquiera empezar a “igualar” la sabiduría colectiva que posee el pueblo estadounidense para decidir “cuál es la mejor manera de abordar” una cuestión social apremiante como la de las personas sin hogar. La Octava Enmienda de la Constitución cumple muchas funciones importantes, pero no autoriza a los jueces federales a arrebatar esos derechos y responsabilidades al pueblo estadounidense y, en su lugar, dictar la política de esta nación en materia de personas sin hogar”, señala el fallo de la Corte.