La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el expresidente Donald Trump tiene derecho a una inmunidad de enjuiciamiento penal considerable, una decisión que casi seguramente retrasará el juicio del caso en su contra por cargos de conspirar para subvertir las elecciones de 2020 más allá de los próximos comicios de noviembre.
La votación fue de 6 a 3, dividida por líneas partidistas.
El presidente de la corte, John Roberts Jr., quien escribió la opinión mayoritaria, señaló que Trump tenía al menos presunta inmunidad por sus actos oficiales. Añadió que el juez de primera instancia debe llevar a cabo un examen intensivo de los hechos para separar la conducta oficial de la no oficial y evaluar si los fiscales pueden superar la presunción que protege a Trump.
Esto conllevará retrasos significativos, y las perspectivas de un juicio antes de las elecciones parecen remotas. Si Trump se impone en las urnas, podría ordenar al Departamento de Justicia que retirara los cargos.
Se necesita una amplia inmunidad para la conducta oficial, escribió el presidente de la corte, para proteger a “un ejecutivo enérgico e independiente.“
“El presidente, por lo tanto, no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales fundamentales, y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales”, escribió el presidente de la corte Roberts. “Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes de la Oficina Oval, independientemente de la postura política, las políticas públicas o el partido”.
En disidencia, la jueza Sonia Sotomayor escribió que la decisión estaba gravemente mal encaminada.
“La decisión de hoy de conceder a los expresidentes inmunidad penal da nueva forma a la institución de la presidencia”, escribió. “Se burla del principio, fundacional de nuestra Constitución y sistema de gobierno, de que ningún hombre está por encima de la ley”.
El presidente de la Corte Suprema, Roberts, escribió que no era tarea de la Corte Suprema cribar las evidencias y separar las conductas protegidas del resto. “Ese análisis”, escribió, “en última instancia, es mejor dejarlo a los tribunales inferiores para que lo realicen en primera instancia”.
Pero dio algunas pautas.
Trump, escribió, es “absolutamente inmune al proceso judicial por la supuesta conducta que involucra sus discusiones con funcionarios del Departamento de Justicia.”
El juez de primera instancia, escribió el presidente de la corte, debe determinar si los fiscales pueden superar la presunta inmunidad de Trump por sus comunicaciones con el vicepresidente Mike Pence.
“Por lo tanto, devolvemos al tribunal de distrito para que evalúe en primera instancia, con el aporte apropiado de las partes, si un enjuiciamiento que involucre los supuestos intentos de Trump de influir en la supervisión del vicepresidente del procedimiento de certificación en su calidad de presidente del Senado plantearía algún peligro de intrusión en la autoridad y las funciones del poder ejecutivo”, escribió.
Otras partes de la acusación contra Trump, dijo el presidente de la corte, “requiere un análisis minucioso de las acusaciones extensas e interrelacionadas de la acusación.”
En total, la opinión de la mayoría fue una amplia defensa del poder ejecutivo y una receta detallada para el retraso.
En disidencia, la juez Sotomayor escribió que “las consecuencias a largo plazo de la decisión de hoy son severas”.
“El tribunal crea efectivamente una zona libre de leyes en torno al presidente, alterando el statu quo que ha existido desde la fundación”, escribió, añadiendo: “el presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa del país, y posiblemente del mundo. Cuando utilice sus poderes oficiales de cualquier forma, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará protegido del enjuiciamiento penal”.
Dio ejemplos: “¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”.
Trump sostuvo que tiene derecho a la inmunidad absoluta de los cargos, basándose en una comprensión amplia de la separación de poderes y un precedente de la Corte Suprema de 1982 que reconoció tal inmunidad en casos civiles para las acciones tomadas por los presidentes dentro del “perímetro exterior” de sus responsabilidades oficiales.
Los tribunales inferiores rechazaron esa alegación.
“Independientemente de las inmunidades de que pueda gozar un presidente en ejercicio”, escribió la juez Tanya Chutkan, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, “Estados Unidos solo tiene un jefe del ejecutivo a la vez, y ese cargo no confiere un salvoconducto vitalicio”.
Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia estuvo de acuerdo. “A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”, escribió el panel en una decisión sin firma. “Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento”.
Al admitir a trámite el caso, la Corte Suprema dijo que decidiría esta cuestión: “si un expresidente goza de inmunidad presidencial frente a un enjuiciamiento penal por conductas presuntamente relacionadas con actos oficiales durante su mandato y, en caso afirmativo, en qué medida”.
En este período, el tribunal conoció de otros dos casos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
En marzo, el tribunal rechazó por unanimidad un intento de excluir a Trump de la votación en virtud de la Sección 3 de la 14ª Enmienda, que hace que las personas que participan en la insurrección no sean elegibles para ocupar cargos públicos. El tribunal, sin discutir si Trump estaba cubierto por la disposición, dictaminó que los estados no pueden utilizarla para excluir a los candidatos a la presidencia de la papeleta electoral.
El viernes, el tribunal dictaminó que los fiscales federales habían utilizado indebidamente una ley de obstrucción para procesar a algunos miembros de la turba pro-Trump que irrumpió en el Capitolio el 6 de enero. Dos de los cuatro cargos contra Trump se basan en esa ley.
El tribunal resolvió el caso que restituía a Trump en las boletas a un ritmo rápido, escuchando los argumentos un mes después de acordarlo y emitiendo su decisión un mes después de eso.
El caso de la inmunidad se ha movido a un ritmo considerablemente más lento. En diciembre, al pedir a los jueces que se adelantaran al tribunal de apelaciones y vieran el caso inmediatamente, Jack Smith, el fiscal especial que supervisa la acusación, escribió que “es de imperativa importancia pública que las reclamaciones de inmunidad del demandado sean resueltas por este tribunal”. Añadió que “solo este tribunal puede resolverlas definitivamente”.
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Los jueces denegaron la petición de Smith 11 días después de que la presentara, en una breve orden sin disidencias destacadas.
Después de que el tribunal de apelaciones fallara en contra de Trump, este pidió a la Corte Suprema que interviniera. Dieciséis días más tarde, el 28 de febrero, el tribunal aceptó conocer de su recurso y fijó la audiencia para casi dos meses después, el último día del periodo. Desde entonces han pasado otros dos meses.
En la audiencia, varios de los jueces conservadores no parecían dispuestos a examinar los detalles de las acusaciones contra Trump. En su lugar, dijeron, el tribunal debe emitir un fallo que se aplique al poder presidencial en general.
“Estamos escribiendo una regla para los siglos”, dijo el juez Neil Gorsuch.