La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su solidaridad con los países y poblaciones afectadas por el huracán Beryl. El aumento en la frecuencia e intensidad de huracanes y otros desastres naturales es una consecuencia directa del cambio climático, que altera las condiciones globales del clima y exacerba los riesgos e impactos en la vida, la salud y los medios de subsistencia de las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, es importante señalar que los eventos meteorológicos extremos interactúan con otros factores que afectan la calidad y las condiciones de vida de las personas, lo que a menudo resulta en migración, desplazamiento y reubicación planificada. En esta ocasión, los países afectados, y especialmente los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, han experimentado la destrucción de viviendas, daños extensos a la infraestructura, interrupción de las fuentes de subsistencia y daños significativos al hábitat natural.
Los Estados afectados son los que menos contribuyen con el calentamiento global, pero están entre los más afectados por las consecuencias del cambio climático. Al respecto, REDESCA recuerda el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para la mitigación del cambio climático y las obligaciones de cooperación internacional, teniendo en cuenta la esencial falta de fronteras de la crisis climática.
La CIDH y la REDESCA reiteran que los efectos del cambio climático representan una seria amenaza para el ejercicio de varios derechos fundamentales necesarios para una vida digna, como el derecho a la vida, la alimentación, la vivienda adecuada, la salud, el agua y un ambiente sano (Resolución 3/2021); también advierten que los impactos generados son diferenciados en cuanto al disfrute efectivo de estos derechos.
En relación con la situación actual, la CIDH y REDESCA saludan las medidas tomadas por los gobiernos de los países afectados por el huracán, para abrir refugios de emergencia y otorgar la asistencia necesaria a las personas en situación de vulnerabilidad. También reconocen las recomendaciones y advertencias emitidas por los gobiernos de otras islas del Caribe para proteger a la población afectada.
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La CIDH y REDESCA hacen un llamado especial a la solidaridad regional e internacional para trabajar con los estados afectados y apoyar la reconstrucción a través de herramientas financieras apropiadas, incluyendo el acceso a financiamiento climático, financiamiento concesional y alivio de la deuda según corresponda. Los Estados también deben abordar los riesgos y daños que las personas y grupos enfrentan en este inminente desastre ambiental. Los estados deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la disponibilidad de apoyo económico y financiero, así como asistencia técnica y legal para acceder a ellos.