Al cumplirse tres años de las protestas masivas en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenan la creciente represión estatal contra activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como el agravamiento de las condiciones que dieron origen a las manifestaciones. A su vez, instan al Estado a escuchar las demandas legítimas de su pueblo, y hacen un llamado a la liberación de todas las personas privadas de la libertad por su participación o apoyo a protestas sociales.
El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a la calle en todo el país para reclamar ante la escasez de alimentos y medicinas, los prolongados cortes de electricidad y las restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Las protestas fueron reprimidas en forma violenta por el Estado, a través de malos tratos, intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y juicios sin garantías del debido proceso.
Según información proporcionada por la sociedad civil, en lo que va de 2024, nuevas protestas se vienen realizando en el país, impulsadas principalmente por el agravamiento de las condiciones que dieron origen a las protestas de 2021. Ante ello, el Estado acudió a los mismos patrones represivos que la CIDH ha documentado desde entonces. En particular, durante las protestas del 17 y 18 de marzo de 2024, la CIDH recibió reportes de ciudades militarizadas, activistas vigilados en sus viviendas, cortes de internet y al menos 37 personas detenidas. Asimismo, se registraron interrogatorios y detenciones a activistas por sus publicaciones en redes sociales, y proyectos de normativas migratorias que amenazarían a personas exiliadas.
El registro sistematizado por organizaciones de la sociedad civil indica que, desde julio de 2021 hasta la fecha, 1.986 personas fueron detenidas en relación con protestas sociales en Cuba. De estas, 804 continúan en detención, 982 han sido juzgadas y sancionadas por su participación en protestas, y al menos 99 de ellas se han exiliado tras ser liberadas o durante excarcelaciones temporales.
Estos números son especialmente preocupantes, considerando los reportes sobre las situaciones deplorables de detención que enfrentan las personas privadas de libertad en Cuba, relacionadas a los altos niveles de hacinamiento, la falta de acceso a agua potable, alimentación y atención médica adecuada. Esta situación afecta de manera desproporcionada a las personas privadas de libertad por motivos políticos, que también sufren amenazas, malos tratos, confinamiento en celdas de castigo o aislamiento, incomunicación prolongada o prohibición completa de contacto con familiares y falta de atención médica.
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La CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas expresar sus demandas, disentir y reclamar por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
En este sentido, la CIDH y la RELE instan a Cuba a respetar el derecho a la libre manifestación y a abstenerse del uso de la fuerza y la criminalización. Asimismo, reiteran el llamado urgente a fin de que libere todas las personas privadas de la libertad por participación o apoyo a protestas sociales pacíficas en el país, así como las personas periodistas que han dado cobertura a las mismas.