En la era de la tecnología, la digitalización es necesaria para mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, muchos organismos públicos siguen con prácticas anticuadas, resistiéndose a adoptar herramientas digitales. Esta resistencia no solo impide la modernización de los procesos, sino que también afecta la fiscalización y la toma de decisiones.
La resistencia al cambio
Uno de los principales obstáculos para la digitalización en los municipios es la resistencia al cambio por parte de los funcionarios y administradores. Estos actores ven la tecnología como una amenaza a su rutina y temen que la digitalización pueda implicar más trabajo o pérdida de empleos. El papel sigue siendo el medio predominante para muchas operaciones municipales, desde la gestión de documentos hasta la realización de trámites. Esta dependencia del papel no solo es ineficiente, sino que también aumenta el riesgo de errores y dificulta la supervisión efectiva.
Impacto en la fiscalización y la toma de decisiones
Sin registros electrónicos, el seguimiento de las transacciones y la identificación de irregularidades se vuelven tareas arduas y lentas. Esto crea un entorno propicio para la corrupción y la mala gestión, ya que las irregularidades pueden pasar desapercibidas durante largos periodos. Además, la falta de datos precisos y actualizados impide que las jefaturas y directores tomen decisiones informadas. Sin acceso a información en tiempo real, es difícil evaluar el desempeño de los programas municipales, planificar presupuestos de manera eficiente o responder rápidamente a las necesidades de la comunidad.
Ejemplos de ineficiencia
Un ejemplo preocupante es la práctica de que las firmas sean a lápiz y papel seguido de un timbre, fácilmente copiable. Esta falsificación de instrumento público es una violación grave de la ley y socava la integridad de la administración municipal. La adopción de firmas digitales podría eliminar este problema, proporcionando una capa adicional de seguridad y autenticidad a los documentos oficiales.
Otro ejemplo de la ineficiencia es el proceso de pago a proveedores en el mercado público. La demora en los pagos no solo afecta la liquidez de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, sino que también mina la confianza en las instituciones municipales.
En Chile, el tiempo estándar que el estado debe tomar para pagar una factura a sus proveedores es de 30 días corridos para la mayoría de las entidades públicas y 45 días para los servicios de salud, según lo establece la Ley de Compras Públicas (Ley 19.886) y su reglamento. Sin embargo, durante el año 2017, se registraron 19.877 reclamos por pago no oportuno en el sitio de Mercado Público. De estos reclamos, el 44% fueron dirigidos a municipios, el 41% a servicios de salud, el 7% a las Fuerzas Armadas y el 7% al gobierno central. Estos reclamos representaron un monto de 72 millones de dólares. La gran mayoría de los afectados fueron pequeñas y medianas empresas (pymes), que representaron el 81.8% de los reclamos. (1)
Conclusión
La falta de digitalización en los municipios chilenos es un problema que debe abordarse con urgencia. La resistencia al cambio y la dependencia del papel están limitando la eficiencia, la transparencia y la capacidad de los municipios para fiscalizar sus propias operaciones. La adopción de tecnologías digitales no solo mejoraría la gestión administrativa, sino que también fortalecería la confianza pública en las instituciones. Es esencial que los municipios inviertan en la capacitación de sus funcionarios y en la implementación de sistemas digitales que faciliten la gestión de documentos, la toma de decisiones basada en datos y la fiscalización efectiva.
Javier Moya Sepúlveda
Ingeniero Comercial
Fuentes:
(1) https://www.entreprenerd.