La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y fondo presentados por la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Amolana (CODESCA) en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental (1TA).
La determinación del máximo tribunal deja firme la decisión del tribunal ambiental con sede en Antofagasta que rechazó la reclamación de CODESCA y mantuvo la aprobación ambiental de la Central Eléctrica Canelillo en la Región de Coquimbo.
La Corte rechazó el recurso de casación en la forma debido a que no se configuraron los vicios consistentes en una supuesta falta de fundamentación técnico-ambiental, así como de infracción a las normas sobre la apreciación de la prueba.
En cuanto a la casación en el fondo, la corte desestimó los dos aspectos en los que se fundó el recurso, al considerar que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cumplió con las actividades de difusión a que estaba obligado y, al establecer que el recurso no logra demostrar los errores de derecho en que habría incurrido el tribunal respecto del descarte de los efectos ambientales significativos del proyecto.
Finalmente, también se planteaba una inadecuada interpretación de las normas sobre cambio climático, a lo que el máximo tribunal indicó que “lo evaluable es si acaso las variables ambientales se verán o no afectadas con ocasión del proyecto”, cuestión que quedó descartada.
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Sentencia 1TA
El fallo del Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por CODESCA en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la aprobación del proyecto “Central Eléctrica Canelillo” en la Región de Coquimbo.
Entre los fundamentos entregados en la sentencia del 1TA se destaca que se descartaron la mayoría de las alegaciones expuestas por la corporación, al establecerse que hubo una correcta evaluación ambiental. En este sentido, se determinó que se descartaron de manera suficiente e idónea la generación de los efectos adversos significativos sobre la calidad y cantidad de los componentes suelo, agua, flora y fauna.
También, en dicha sentencia, el tribunal descartó el supuesto incumplimiento de la normativa que regula la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental.