Se entiende por «comunidad de inteligencia» al conjunto que reúne a todos los funcionarios públicos que trabajan en los servicios de inteligencia con que cuenta un Estado. Se efectúa esta importante precisión porque, en conformidad a la doctrina de inteligencia, los agentes y los informantes, aunque cumplan funciones para un determinado servicio de inteligencia, no son funcionarios públicos, porque su revelación como tales comprometería al Estado, y por ello sus remuneraciones deben ser pagadas con fondos reservados o con dineros que producen los organismos de fachada del servicio de inteligencia correspondiente.

A modo general, es posible señalar que, en un Estado desarrollado la comunidad de inteligencia está compuesta por dos servicios de inteligencia ubicados en el nivel político o nacional, uno dedicado a la amenaza exterior y el otro a la amenaza interior. Es decir, un servicio de inteligencia y otro servicio de contrainteligencia. En Estados Unidos serían la CIA y el FBI, respectivamente. Al menos cinco servicios de inteligencia en el nivel estratégico, uno por cada una de las ramas de las fuerzas armadas, más uno de asuntos exteriores y otro dedicado a alguna amenaza interior específica, y organismos o unidades de inteligencia del nivel operativo o táctico, tantos como organismos de maniobra existan, en cada componente de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales.

Particularmente, en Chile, en conformidad a la ley 19.974, «Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia», la comunidad de inteligencia, integra el Sistema de Inteligencia del Estado, el cual está conformado por: a) la Agencia Nacional de Inteligencia, ubicada en el nivel político o nacional; b) la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ubicada en el nivel estratégico; c) las direcciones de inteligencia de las tres ramas de las fuerzas armadas, ubicadas en el nivel estratégico, d) la Dirección de Inteligencia de Carabineros y la Jefatura de Inteligencia de la Policía de Investigaciones, ubicadas en el nivel estratégico,  e) las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las fuerzas armadas o de orden y seguridad pública que realicen tareas de inteligencia, están ubicadas en el nivel operativo o táctico, y que se hacen depender de las direcciones o jefaturas de inteligencia, para los efectos de esta ley, y f ) el Comité de Inteligencia, integrado por los siete jefes de los servicios de inteligencia, que componen el Sistema de Inteligencia del Estado, que no es un organismo, sino una instancia de coordinación técnica, que debe optimizar, regular, revisar y evaluar el flujo e intercambio de información e inteligencia y facilitar la cooperación mutua.

En la actualidad, existe en Chile una suerte de consenso de que el Sistema de Inteligencia del Estado no da el ancho y que ha sido sobrepasado, por los movimientos subversivos mapuches y por la delincuencia común, porque no logra anticiparse, ni a la subversión ni a la delincuencia.

Al respecto, vale la pena recordar o señalar que la subversión mapuche opera, principalmente, en la Macrozona Sur, nombre utilizado para identificar el territorio en que se producen los atentados terroristas provocados por los movimientos mapuches subversivos, y que, correlativamente, por razones obvias, coincide en Chile, más o menos, con el territorio que reclaman los movimientos indigenistas mapuches, que comprende la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío. Se hace esta especificación, porque la subversión mapuche, si bien opera en la Macrozona Sur mediante guerrilla, terrorismo, sabotaje, también opera mediante operaciones de propaganda y de infiltración cultural, para sustentar sus operaciones subversivas en dosis de aparente legitimidad. A modo de ejemplo, el año 2022, el término Macrozona Sur fue reemplazado por algunas autoridades de gobierno por el de Wallmapu, denominación que provocó la molestia de las autoridades argentinas, porque ese término incluye territorios argentinos, que también son reclamados por los movimientos mapuches, situación que es indiciaria de infiltración cultural y de la complejidad del tema, porque, guste o no guste, desde el punto de vista de las operaciones especiales de inteligencia, la subversión es un procedimiento para la consecución de los intereses nacionales, razón por la cual no es exagerado considerar, como una posibilidad, de que el Servicio de Inteligencia Argentino esté financiando y/o aportando armas a los movimientos mapuches subversivos, simplemente, para aumentar los problemas de Chile y facilitar la consecución de los intereses argentinos. En definitiva, consecuencia de las operaciones subversivas de movimientos mapuches Chile ha debido aumentar los contingentes militares y policiales en la Macrozona Sur y esta se encuentra en Estado Constitucional de Emergencia desde el 16 de mayo de 2022.

Respecto a la delincuencia común, que era un problema que hasta hace muy poco era controlado por los carabineros, con el auxilio de la Policía de Investigaciones (2012), se ha convertido en un problema incontrolable, porque el arribo a Chile, a contar del año 2015, de una cantidad no controlada de extranjeros, principalmente, de Venezuela, entre los cuales ingresaron muchos delincuentes, que trajeron nuevos delitos, entre ellos el sicariato y el secuestro con extorsión, y nuevas formas de cometerlos, apoyados por organizaciones delictivas internacionales, enfrentándose con armas, directamente, contra los carabineros, habilitando zonas liberadas, y ambos, fines y medios, de mayor violencia.

El problema de la falta de inteligencia es difícil de resolver porque, aún en Chile, se mantiene la desconfianza, por el mal uso que se hizo de los servicios de inteligencia durante la dictadura de Pinochet, porque durante ese período, los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, los de las fuerzas de orden y seguridad pública y la Dirección de Inteligencia Nacional, y su sucesora la Central Nacional de Informaciones, investigaron, reprimieron y violaron los derechos humanos a opositores de la dictadura.

No obstante, el clima de desconfianza recién descrito, en Chile, igual existen servicios de inteligencia, que son los que componen la comunidad de inteligencia y que integran el Sistema de Inteligencia del Estado, pero estos y la forma como funcionan, se hacen insuficientes para materializar las operaciones de inteligencia y de contrainteligencia que permitan derrotar a los movimientos mapuches subversivos y a la nueva delincuencia, es por ello que se debe reforzar el sistema de inteligencia, aumentando los organismos de inteligencia y sus dotaciones,  sustituyendo el Comité de Inteligencia por un organismo de inteligencia de coordinación, dividiendo la actual Agencia Nacional de Inteligencia en una de inteligencia exterior y en otra de inteligencia interior, y ambas con capacidad de ejecución de operaciones especiales de inteligencia y de contrainteligencia, respectivamente, e integrando a todos los organismos y servicios del Estado, que realizan tareas de inteligencia, al Sistema de Inteligencia del Estado, para lo cual se requiere modificar la actual ley de inteligencia.

Así, sin querer ser taxativo, el Sistema de Inteligencia del Estado, en el nivel político, debería de estar integrado por: a) un Servicio Nacional de Coordinación de Inteligencia, que debería asesorar al Presidente de la República en materias de inteligencia, y tener atribuciones para coordinar a los servicios de inteligencia, determinar los campos de actuación de los servicios de inteligencia, dirigir en forma centralizada la orientación de los esfuerzos de búsqueda y las operaciones especiales de inteligencia y de contrainteligencia, de los distintos servicios de inteligencia del Estado, y que sea la encargada de canalizar o difundir la inteligencia en sentido lateral y vertical, y b) por una Agencia Nacional de Inteligencia Exterior y otra Interior; y en el nivel estratégico por: a) la Subsecretaría de Prevención del Delito, b) los dos organismos de inteligencia policial de las fuerzas de orden y seguridad; c) el Ministerio Público, d) la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional; e) los tres organismos de inteligencia de las fuerzas armadas, f) el Departamento de Inteligencia Penitenciaria de Gendarmería; g) la Unidad de Análisis e Inteligencia y Gestión de Datos del Servicio Nacional de Aduanas, h) la Unidad de Análisis Financiero dependiente del Ministerio de Hacienda, e i) el Servicio de Impuestos Internos, pero a estos tres últimos servicios, con el único objetivo de aportar inteligencia en el ámbito de su especialidad.

Esta integración de servicios de inteligencia, difícilmente, será de subordinación, pero puede ser de coordinación, de control, de información y de cooperación. Considerando que la coordinación y el control son funciones del superior o del mando, un servicio de coordinación de inteligencia debe depender, necesariamente, de las más altas estructuras del Estado (del Presidente de la República), de lo que se deriva que este organismo público debería de ser autónomo y su personal no deliberante, para dar la necesaria seguridad de que su labor no se politizará en función de la política partidista.

La ausencia de un servicio de inteligencia exterior constituye un déficit muy grande. A modo de ejemplo, Pinochet (marzo, 1980) y Piñera (febrero, 2019) no tuvieron la inteligencia para suspender su viaje a Filipinas y a Cúcuta, respectivamente. Y más grave todavía, Chile no tuvo la inteligencia para saber que la movilización para la guerra de Argentina, en 1982, era contra las islas Falkland, del Reino Unido, y no contra Chile. El déficit se mantiene porque la Agencia Nacional de Inteligencia, que es el servicio de inteligencia que debe aportar inteligencia exterior e interior, del nivel nacional, depende del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, razón por la cual esa modalidad de dependencia, inter alia, contribuye a que el esfuerzo en producir inteligencia exterior tenga menos importancia que la producción de inteligencia interior. En definitiva, la inteligencia exterior, particularmente, en el ámbito de la defensa la realizan las fuerzas armadas, pero sin una dirección y una coordinación, en lo que se refiere a las operaciones especiales de inteligencia; y la información externa en las otras áreas es producida por los diversos ministerios, pero no en la forma de inteligencia, sino solo como información.

Noticia Relacionada

Avanza votación de proyecto que fortalece y ...

La incorporación del Ministerio Público al Sistema de Inteligencia del Estado y su reconocimiento como un organismo de inteligencia especializado en lo policial, debería de ser beneficiosa, no tan solo por sus archivos, sino porque permitiría extender las atribuciones investigativas del Ministerio Público, a las operaciones especiales de contrainteligencia. El corolario de esta extensión de atribuciones sería que los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas podrían participar en la represión de la delincuencia mediante operaciones especiales de contrainteligencia, lo que contribuiría al combate contra la delincuencia. El óbice, es que, la incorporación de esta capacidad, para combatir la delincuencia, para ser efectiva, requiere que las operaciones se realicen por sorpresa y en secreto y, precisamente, la discreción no es una característica del Ministerio Público, porque es allí por donde los delincuentes se enteran de las operaciones represivas que realizaran las fuerzas policiales.

En definitiva, la inteligencia es una necesidad del Estado, tal como lo es la educación, la salud y la seguridad, razón por la cual, el Sistema de Inteligencia del Estado, la cantidad de servicios de inteligencia y sus tareas, y la forma en que se organiza, deberían ser temas transversales, y aun, siendo opinables, deberían de zanjarse a la brevedad, porque mientras estén inconclusos esteremos dando ventaja a nuestros enemigos.

Humberto Palamara Iribarne, ingeniero naval, especialista en inteligencia naval, abogado, magíster en ciencia política (PUC)