La Sala de la Cámara aprobó y despachó a segundo trámite un proyecto que busca regular el procedimiento de información sobre tratados de DDHH.
La iniciativa modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales. Lo propio respecto de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos.
La norma, aprobada en su idea de legislar en mayo pasado, establece que la Cámara recibirá, de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, los informes y antecedentes relativos a los resultados de los ciclos de presentación de documentos periódicos, sobre el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Igualmente, respecto de otras resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, disponibles en tal periodo.
Con este fin, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, o la instancia que la Cámara determine, realizará de manera anual una sesión ordinaria para analizar dichos informes.
En el caso de la recepción de resultados del Examen Periódico Universal efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de Chile, dicha información se presentará ante la Cámara en sesión especial de Sala destinada para tal efecto.
Noticia Relacionada
La iniciativa, que ahora va al Senado, agrega que la Cámara de Diputadas y Diputados será informada por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los acuerdos de solución amistosa que pudieren implicar medidas legislativas, por parte del Estado de Chile.
Debate
Informó el texto en la Sala la diputada Lorena Fries. En el debate participaron, además, Carmen Hertz, Diego Schalper, Luis Sánchez, Consuelo Veloso, Stephan Schubert, Johannes Kaiser y Gaspar Rivas.
Cabe señalar que, más allá del despacho de la normativa, el debate estuvo marcado por la eventual afectación a la soberanía nacional. Lo anterior, porque los detractores del texto sostuvieron que iniciativas de este tipo podrían ponen en riesgo la autonomía del Congreso para decidir sus propios asuntos.