Sandra Hemme fue dejada en libertad tras una extensa disputa legal con el fiscal general del Estado de Missouri, quien intentó impedir su liberación alegando motivos de procedimiento y jurisdicción. Estuvo 43 años en prisión por un crimen que no cometió, pues en 1980 fue condenada por el asesinato de una bibliotecaria.
Su liberación fue el resultado de múltiples acciones y peticiones legales. El juez de circuito revocó la condena de Hemme basándose en la existencia de pruebas exculpatorias que no se habían presentado anteriormente. En respuesta, el fiscal general presentó una solicitud para impedir su liberación, argumentando que el tribunal carecía de la jurisdicción necesaria para emitir dicha orden, que tenían derecho a una revisión judicial y que Hemme representaba un posible peligro para sí misma y para otros.
No obstante, el tribunal de apelación denegó esta petición y reiteró la orden de liberación. Posteriormente, el fiscal general anuló la orden contactando directamente con el centro penitenciario donde estaba detenida Hemme.
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El abogado defensor intentó hacer cumplir la orden judicial de liberación. El fiscal general, por su parte, solicitó la reconsideración de dicha orden, argumentando nuevamente la falta de jurisdicción del tribunal y destacando que Hemme debía cumplir otras condenas de dos y diez años relacionadas con incidentes ocurridos mientras estaba en prisión. Finalmente, el juez ordenó la liberación de Hemme y citó al fiscal general para comparecer ante el tribunal en caso de incumplimiento.
El juez encontró «pruebas claras y convincentes» que demostraban su inocencia. Asimismo, determinó que la condena original se basó en un testimonio no fiable, ya que Hemme había realizado su primera declaración a la policía mientras estaba bajo tratamiento médico con antipsicóticos y sedantes, y con restricciones físicas. Sus declaraciones iniciales variaron significativamente durante los interrogatorios hasta culminar en una confesión. El juez también concluyó que la fiscalía había ocultado pruebas esenciales que habrían podido alterar el resultado del juicio.
El caso de Hemme contó con el respaldo del Proyecto Inocencia, una organización independiente y sin fines de lucro que trabaja para revocar condenas penales erróneas. Fundada en 1992, esta organización ha facilitado la liberación de más de 240 personas encarceladas injustamente.