El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jab Jarab, envió una carta a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, en la que manifiesta su apoyo al organismo al señalar que, “Los ataques y cuestionamientos que se han dirigido hacia el INDH (…) son fuente de profunda preocupación para la Oficina a mi cargo”, dice el diplomático.
La misiva del representante del Alto Comisionado tiene su origen en el proceso de remoción iniciado por la Corte Suprema a instancias de la Cámara de Diputadas y Diputados. Los consejeros cuya remoción se solicita son la directora Consuelo Contreras y el abogado de derechos humanos Francisco Ugás.
La solicitud se origina a raíz de la resolución del Consejo del INDH, en el ejercicio de sus funciones, de interponer una querella por el delito de tráfico de influencias. Esta acción se debe a las gestiones por WhatsApp que realizó un ex ministro de corte imputado en el Caso Operación Topógrafo y Operación W.
Además de la solicitud de remoción que debe resolver la Corte Suprema, un ex ministro de Defensa interpuso una querella por prevaricación contra seis consejeros del INDH. Esta acción penal, actualmente en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, se debe a la querella por tráfico de influencias, en la que también el ex ministro de Defensa solicitó declarar su inadmisibilidad. Esta última petición la verá ahora por la Corte de Apelaciones.
El representante del Alto Comisionado señala en su carta que “las críticas hacia el INDH (…) parecerían desconocer los principios fundamentales que rigen a las instituciones nacionales de derechos humanos. Estas instituciones tienen un rol esencial en la vigencia del Estado democrático de derecho, sobre todo respecto de su función de promoción y protección de los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación”.
Además, señala su preocupación porque “la querella se presentó en contra de algunas de las personas que integran el Consejo del INDH por el delito de prevaricación administrativa. Me preocupa especialmente el uso de una herramienta penal y su ejercicio nominativo solo en contra de algunos miembros del Consejo. El Consejo es un cuerpo colegiado que adopta sus decisiones conforme a procedimientos previamente establecidos”.
Jarab dice que “los derechos humanos, contenidos en los Pactos y las Convenciones Internacionales de DD.HH., ratificados por los Estados (entre ellos, Chile) no representan una opción o postura particular, sino la base común del desarrollo de cualquier Estado democrático de derecho”. A ello añade en el documento que los DD.HH. “representan un consenso universal sobre mínimos de convivencia que, al menos hasta la fecha, no han sido reemplazados por otros y se encuentran vigentes”.
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Además, Jarab sugiere “respetuosamente que la institución eleve estas preocupaciones, si aún no lo ha hecho, ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), ante la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), así como ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la situación de las personas defensoras de los derechos humanos”.
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