En relación con el intercambio de cartas entre la diputada Lorena Fries y el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro, la Sra. María Alicia Ruiz-Tagle Orrego, en cartas al director del diario El Mercurio, se ha referido entre otros aspectos a: “la desazón que siente ante la sostenida degradación de la noble causa de protección de los Derechos Humanos”, mencionando una suerte de instrumentalización ideológica verdadera arma para conseguir objetivos políticos.

En otra parte de su carta, señala: “Descargar tras 50 años, toda esa furia contenida en jóvenes uniformados de la época está en las antípodas del espíritu de la Declaración de Derechos Humanos que dice (la diputada) honrar.”

Qué nobleza la de la Sra. María Alicia quien, habiendo sido afectada por el sufrimiento de un hermano, se expresa sin rencor para alcanzar la ansiada verdad y paz.

Actualmente, son muchos los procesados y condenados, oficiales subalternos, entre los que me encuentro, cabos y soldados conscriptos, quienes sometidos a un sistema judicial procesal ya obsoleto en nuestro país, son perseguidos en forma inquisitiva mediante un juez que investiga, procesa y condena, llegando incluso a imponer la pena de presidio perpetuo, alterando todas las reglas de un sistema de justicia moderno, no respetando el debido proceso y no aplicando leyes vigentes, saltándose todas las normas que actualmente rigen el proceso penal de aplicación común para los chilenos, fundamentando sentencias en pruebas carentes de veracidad, presunciones, ficciones jurídicas y aplicación de jurisprudencia extranjera.

Así, condenados octogenarios pasan los últimos años de vida hacinados en recintos penitenciarios sin beneficios y muriendo en prisión, y que solo después de presentar recursos de protección ante la falta de trato humanitario, la ILTM Corte Suprema ha dictaminado modificar algunas medidas que no se condicen con leyes vigentes y compromisos internacionales a los que son sometidos en las cárceles.

Para alcanzar la verdad y la justicia, se espera que los poderes del estado especialmente el judicial, actúen en consecuencia y mantenga la confianza ciudadana validando el estado de derecho.

Carlos Oviedo Arriagada